Culpa ombudsman a EPN por permitir el dolor e impunidad
Sexenio fue marcado por casos como Iguala y Tlatlaya, dice frente al Presidente
CDMX.- El presidente Enrique Peña Nieto fue acusado por el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, de permitir que el “dolor y la impunidad” persistieran durante su mandato e incluso crecieran las violaciones en derechos humanos.
En la presentación del Informe Anual de Actividades 2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), González Pérez aseveró frente al Presidente que su sexenio estuvo marcado por graves violaciones, como son los casos de Chalchihuapan, Iguala, Tanhuato, Apatzingán, Tlatlaya y Nochixtlán.
“Chalchihuapan, (Puebla), Iguala (y) Tanhuato, (Guerrero), Apatzingán, (Michoacán), Tlatlaya, (Estado de México), Nochistlán (Zacatecas), son algunos de los nombres más representativos que marcaron el sexenio”, refirió en el evento encabezado por Peña Nieto en Los Pinos.
Tampoco perdió oportunidad de lamentar que, pese a las decenas de recomendaciones emitidas en estos casos, muy mediáticos, muchas no fueron atendidas.
BALANCE DESFAVORABLE
Encontrarse en la residencia oficial no impidió al titular de la CNDH hacer una cruda radiografía del “grave” estado de los derechos humanos en el país, no sólo del año pasado sino de los poco más de cinco años del actual gobierno.
González Pérez criticó que a meses de que Peña Nieto termine su mandato el avance en la defensa y garantía de los derechos humanos “no es favorable” y no se registraron “cambios significativos”.
El dolor y sufrimiento de desapariciones, homicidios y violencia “no se puede cuantificar o reparar; son saldos de dolor e impunidad que no han disminuido durante su periodo”, expresó el ombudsman.
SEGURIDAD, NO A CUALQUIER COSTO
El titular de la CNDH también habló sobre el miedo con el que vive la sociedad, resultado de la pérdida de seguridad. Como prueba de ello mencionó los 25 mil 339 asesinatos cometidos en 2017, el año con más homicidios en dos décadas.
Al mencionar que la construcción de la seguridad no “no radica” en eliminar derechos o libertades o un mayor uso de la fuerza, sino en desarrollar una estrategia” se pronunció en contra de la Ley de Seguridad Interior, al considerarla de acción y no de prevención.
“México tiene una enorme deuda con las víctimas”, subrayó el ombudsman, que apostó por mejorar la institucionalidad del país, hoy “débil”, y por capacitar a la burocracia.
En este caso (Ayotzinapa), como en otros de primera importancia para el país, se ha hecho evidente que el modelo de operación de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) está agotado”. Luis González Pérez, ombudsman nacional.