DEJAN A ‘LA CONEJA’ EN PENAL ESTATAL
Debe permanecer los meses de prisión preventiva cerca de los juzgados que llevan su caso
Bajo el argumento de que es conveniente que permanezca cerca de los juzgados donde se lleva su caso, un juez de Chihuahua negó al coahuilense Alejandro Gutiérrez, “La Coneja”, su traslado del Cereso estatal de Aquiles Serdán al Cefereso de Ciudad Juárez.
Con ello, el exsecretario general adjunto del PRI, acusado de peculado por más de 250 millones de pesos, deberá cumplir las medidas cautelares que se le dictaron –de seis meses y un año, por dos causas penales– en el reclusorio donde está actualmente.
“Estas decisiones judiciales están firmes, a pesar de que contra ellas se han interpuesto juicios de amparo por parte del imputado. A la fecha no han sido modificadas”, estableció Alejandro Legarda, juez de control en la audiencia de ayer, que contó con la presencia de Gutiérrez.
Sobre el rechazo de la transferencia al penal federal, Legarda señaló que, de acuerdo con el Código de Procedimientos Penales, las personas sujetas a prisión preventiva deberán cumplir con la resolución judicial en los centros penitenciarios más cercanos a donde se esté llevando su proceso.
“El Cefereso 9 de Ciudad Juárez está ubicado a 370 kilómetros de la capital de Chihuahua (…) para este juzgador, ello va a impactar negativamente en el trámite ordinario de los procesos penales del imputado”, resolvió el juez.
En ese sentido, expuso que, pese a que existen avances tecnológicos y que se pueden llevar a cabo las audiencias a través de videoconferencias, esto no es posible por lo delicado del caso y su impacto social en la comunidad.
DESTITUYEN AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CHIHUAHUA
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la remoción del magistrado Julio César Jiménez Castro, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, por lo cual el organismo deberá realizar un nuevo proceso de elección.
La SCJN declaró inconstitucional el Artículo Segundo Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Chihuahua –una reforma impulsada por el gobernador Javier Corral–, que establecía la remoción del magistrado Gabriel Sepúlveda como presidente del Tribunal.
CHIHUAHUA.- Un juez de Control de Chihuahua negó el traslado a un penal federal del exsecretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, a quien se le sigue un proceso por el delito de peculado agravado, por su presunta participación en el desvío de 250 millones de pesos del erario estatal.
Al término de la audiencia celebrada en el edificio del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el juzgador Alejandro Legarda Gutiérrez determinó que el traslado del imputado a otra prisión, afectaría de forma negativa el trámite ordinario de los dos procesos que se le siguen. Gutiérrez Gutiérrez deberá cumplir un año en prisión como medida cautelar en el Centro de Readaptación Social número 1, que se ubica en el municipio de Aquiles Serdán, a 6 kilómetros de la capital del estado, en lo que se agota la investigación que se lleva en su contra.
La solicitud de la defensa al juez, era trasladarlo al Centro Federal de Readaptación Social número 9 de Ciudad Juárez, a más de 360 kilómetros de donde es procesado por el fuero común.
TRASLADO SÓLO POR PETICIÓN DE GOBIERNOS
Legarda durante Gutiérrez subrayó la audiencia que según el Código de Procedimientos Penales, quienes están en prisión preventiva deben cumplir con la resolución judicial en el centro penitenciario más cercano a donde se les enjuicia.
Añadió que el Artículo 50 de la Ley de Ejecución Penal del Estado de Chihuahua, dicta que los trasladados voluntarios dentro del País, operarán cuando exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino, en este caso, entre los gobiernos estatal federal.
El traslado del también exsenador priista de un penal estatal a uno federal, fue acordado el pasado 3 de marzo entre el gobernador Javier Corral y el secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida, como uno de los puntos establecidos para la culminación de la denominada “Caravana por la Dignidad” que impulsó el mandatario estatal, en reclamo al pago de 900 millones de pesos, que el gobierno de Enrique Peña Nieto no entregó a Chihuahua en diciembre pasado.