4. Espera la PGR ficha roja de la Interpol contra Karime Macías, esposa de Javier Duarte.
Karime Macías es acusada por el desvío de más de 112 millones de pesos
CDMX.- La Procuraduría General de la República (PGR) espera que en las próximas 48 horas se concrete la emisión de la ficha roja solicitada por la Fiscalía General de Veracruz para Karime Macías Tubilla, esposa del exgobernador Javier Duarte de Ochoa.
Fuentes federales confirmaron que la PGR ya tiene completo el expediente de Macías Tubilla para que, a través de la Interpol México, se emita el aviso internacional para su búsqueda, localización y detención con fines de extradición y la alerta migratoria.
Este lunes, la Fiscalía estatal informó que desde el 27 de mayo presentó vía digital a la oficina de Interpol México una solicitud de alerta migratoria y ficha roja contra Karime Macías, que ya fue recibida formalmente por la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales de la PGR.
La defensa de Macías Tubilla, encabezada por el abogado Ricardo Sánchez Reyes Retana, aseguró que la esposa de Javier Duarte y sus hijos cuentan con protección por parte del Gobierno de Inglaterra, país en el que actualmente se encuentran.
La ex primera dama del estado cuenta con una orden de aprehensión en su contra emitida por un juez de Control del fuero común radicado en el Distrito Judicial de Xalapa, por su probable participación en el delito de fraude específico en perjuicio del patrimonio del Gobierno estatal.
De acuerdo con la causa penal número 150/2018, la fiscalía de Veracruz señala a Macías Tubilla por el supuesto desvío de más de 112 millones de pesos mediante la otorgación de contratos a seis empresas fantasma a través del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), del que fue presidenta durante la administración de Duarte de Ochoa.
Los contratos se referían a la compra de equipo médico, multivitamínicos, procesos de purificación de agua, captación pluvial, sanitarios, biodegradables, paquetes escolares y electrodomésticos, pero de acuerdo con el fiscal de Veracruz, Jorge Winckler, no existe evidencia alguna de que se hayan entregado a población vulnerable.