Tráfico de influencias: una de las caras de la corrupción

Se ha dicho en múltiples ocasiones y en todos los tonos imaginables, pero habrá que seguir insistiendo hasta que el señalamiento logre su cometido: además de la corrupción, como hecho en sí mismo, lo que más agravia a la sociedad es la posibilidad de que quienes incurren en dicha conducta queden impunes.

Y al agravio que implica la impunidad se añade, en no pocas ocasiones, el hecho de que la irregularidad sea puesta al descubierto y señalados los involucrados en la misma, pese a lo cual las cosas sigan exactamente como si nada hubiera pasado.

Se ha dicho también que la garantía de impunidad de quienes incurren en actos de corrupción reside en el hecho de que, al menos en el sector público, se han construido a lo largo de los años fuertes cadenas de complicidad, que constituyen una suerte de “escudo protector” para quienes incumplen sus obligaciones.

Y las cadenas de complicidad constituyen un escudo eficaz porque, al ser la corrupción una conducta más o menos generalizada, quien hoy se ubica del lado de quien debería hacer cumplir la ley, mañana se encuentra en la posición contraria, es decir, “pidiendo un favor”.

El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo a la denuncia realizada por una voz anónima, en el sentido de que en la ciudad de Torreón existiría toda una trama de tráfico de influencias en las estructuras del Poder Judicial del Estado.

De espaldas a la norma, de acuerdo con el señalamiento, jueces, magistrados y otros funcionarios judiciales estarían utilizando su influencia para incorporar a la nómina del Poder Judicial de Coahuila a familiares suyos.

La denuncia ha venido acompañada del señalamiento de cinco casos puntuales que, a primera vista, parecen demostrar la existencia de casos de tráfico de influencias o, cuando menos, arrojan la sombra de la sospecha respecto de los méritos, con los cuales cuentan los aludidos, para ocupar las posiciones en las cuales se encuentran o, si incluso contando con méritos, sus familiares no tuvieron participación en sus designaciones.

Hoy, a diferencia del pasado, las posibilidades de incurrir en conductas ilegales y quedar impune se han reducido, por lo menos en teoría. Y es que para desgracia de quienes no dudan en infringir la ley, hoy existe un Sistema Estatal Anticorrupción que, aún cuando sus integrantes no tengan la intención de actuar en contra de los funcionarios deshonestos, están obligados a hacerlo.

El señalamiento que se ha hecho no es menor, y alguna de las instancias del Sistema tendría que asumir el compromiso de actuar de oficio, realizar la indagatoria correspondiente y, en su caso, sancionar la conducta.

Lo que no puede seguir ocurriendo, so pena de crispar innecesariamente los ánimos colectivos, es que tras la publicación de lo que parece un escándalo de corrupción, la respuesta oficial sea la indiferencia y la repetición grosera de la táctica de “dejar que el asunto se enfríe”.

La denuncia huele a corrupción. Los ciudadanos tienen derecho a saber si efectivamente es tal, o si sólo se trata de una acusación sin fundamento.

En la ciudad de Torreón existiría toda una trama de tráfico de influencias en las estructuras del Poder Judicial del Estado