Nombramientos en el PJ, ¿todo es cosa de malpensados?

Ante los señalamientos de presuntos actos de corrupción, que se traducirían en la designación “irregular” de funcionarios del Poder Judicial de Coahuila en la Región Laguna, la presidenta de dicho Poder ha salido a asegurar que todos los nombramientos realizados durante el periodo de su gestión se encuentran apegados a la norma. Al abundar en su explicación, la magistrada Miriam Cárdenas Cantú, afirmó que en 2016 se realizó un proceso de selección de jueces, actuarios, defensores públicos y secretarios del cual, una vez cubiertas las vacantes existentes en aquella época, se declaró una reserva de designaciones a cuyos integrantes se han venido entregando nombramientos.

Sin referirse en concreto a los cinco casos que fueron denunciados de forma expresa y que pondrían al descubierto prácticas de nepotismo, la Magistrada Presidenta del TSJ habría zanjado la polémica, surgida por un señalamiento realizado por integrantes del propio Tribunal, mismo que ha sido ratificado por el Colegio de Abogados de La Laguna.

Pese a la afirmación de que no existirían irregularidades en el proceso, Cárdenas Cantú adelantó que el Consejo de la Judicatura del Estado estaría buscando que, a partir del año próximo, los exámenes de oposición que se practican para cubrir vacantes en dicha institución sean realizados por una entidad externa.

No habría por qué desconfiar de la palabra de la Presidenta del Poder Judicial, pues en principio debe concedérsele el que no tendría necesidad de incurrir en falsedad a la hora de fijar posición al respecto. Sin embargo, valdría la pena que además de sus declaraciones se transparentara el ejercicio de designaciones que ha sido objeto de señalamientos.

También valdría la pena que se transparentara el procedimiento que se sigue para evitar los conflictos de interés que implica el hecho de que a un concurso de oposición se presenten quienes tienen relación de parentesco con integrantes de la institución.

En este sentido es preciso reiterar que la desconfianza de los ciudadanos tiene razones fundadas y que esas razones son las que llevan, prácticamente a cualquier persona, a otorgarle verosimilitud a señalamientos como el que nos ocupa.

Con ello debe reiterarse que el Poder Judicial, igual que cualquier otra institución pública, tiene el reto permanente de recuperar la confianza de los ciudadanos y, más allá de eso, tiene el reto de proyectar, de cara a la sociedad, un comportamiento impecable en sus actos pues sus integrantes son, nada más y nada menos, que los responsables de garantizar que en Coahuila se imparta justicia de forma real.

Por ello es que en casos como éste no basta simplemente declarar que no existió irregularidad alguna en las designaciones, sino que tales afirmaciones deben ser acompañadas de la difusión de la mayor cantidad de información pública disponible, a fin de que cualquier persona pueda, a partir del ejercicio del derecho de contraloría social, verificar la veracidad de los dichos.

Mientras eso no se haga, difícilmente la desconfianza endémica hacia el sector público ser podrá diluir.

No basta declarar que no existió irregularidad en las designaciones, las afirmaciones deben ser acompañadas de mayor cantidad de información