‘Más que castigo, la ciudadanía pide que se regrese lo robado’
Se lleva a cabo en Saltillo el Primer Seminario de Vinculación de los Sistemas Nacionales Anticorrupción Pudiera legislarse para disminuir la sanción y que de manera pronta pudieran resarcir los daños”.
Actualmente, la ciudadanía lo que exige es que los funcionarios públicos que cometen actos de corrupción reintegren el daño al erario, más que pretender que sean castigados, consideró Antonio Sánchez Urrutia, magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo.
Ayer se llevó a cabo el Primer Seminario de Vinculación de los Sistemas Nacionales Anticorrupción, Fiscalización y Transparencia, donde participaron los titulares de los tribunales de Justicia Administrativa de todo el país.
En el mismo también participó Sandra Rodríguez Wong, presidenta del TJA de Coahuila, quien habló sobre la experiencia de Coahuila, donde al mismo tiempo se trabajó en la competencia fiscal, administrativa y del sistema anticorrupción, dentro de la integración del organismo.
“Coahuila fue el último Antonio Sánchez, Estado en que se instaló el Tribunal, pero es el primero, que aunque empezó tarde, instaló todo el sistema en cuatro meses”, destacó.
En este proceso, no repitieron las experiencias de otros estados, donde tuvieron que hacer adiciones a sus leyes, y aquí se apegaron a las recomendaciones emitidas por el Instituto Mexicano para la Competitividad, dijo.
De su lado, Sánchez Urrutia dijo que sería conveniente que se promovieran los medios alternativos de solución de controversias, no solamente en el procedimiento de sanción administrativas graves, sino para todas las situaciones”, añadió el magistrado. Dijo que los tribunales resuelven temas administrativos, fiscales y responsabilidad, pero en este proceso debe haber una pausa para invitar a los justiciables y a las mismas autoridades a llegar a una solución.
“Porque si no nos vamos a llenar (de expedientes) y eso va a seguir el mismo camino que hemos vivido en los tribunales ordinarios; que se crean más tribunales, más personal, y nunca va a acabar; se incrementa el número de conflictos.
“Es una muy buena propuesta. A la ciudadanía le interesa resarcir el daño: si voy a imponer una sanción administrativa por su conducta, a la ciudadanía no le va a servir mucho, sin embargo, pudiera legislarse para disminuir la sanción y que de manera pronta pudieran resarcir los daños y perjuicios ocasionados”, estimó. Coahuila será el primer estado en tener un mapa de corrupción, el cual está siendo elaborado por el Consejo Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción en colaboración con otras instancias, reveló Manuel Gil Navarro.
Esta herramienta permitirá conocer las oficinas gubernamentales donde hay mayor prevalencia de corrupción, añadió el presidente del Consejo Ciudadano de este sistema.
El consejero ciudadano señaló que así como hay un mapeo de las zonas de riesgo por parte de Protección Civil, así se pretende que sea este mapa de corrupción.
Gil Navarro explicó que lo que se intenta es localizar las áreas que por su naturaleza tienen mayor prevalencia de actos de corrupción.
“Justo estamos construyendo el mapeo, Lo estamos haciendo a través de indicadores, de información que nos plantean las mismas instituciones.
“Además un proceso de encuestas que vamos a iniciar con distintos actores como empresarios, como servidores públicos y como ciudadanos en general”, expresó Gil Navarro.
Explicó que las oficinas más propensas a registrar las mayores estadísticas de corrupción son en las que existe un contacto directo entre el servidor público que decide y los usuarios que acuden a hacer un trámite.
“En todos estos sitios hay mayores probabilidades de que existen actos de corrupción”, consideró el entrevistado.
“Es como los mapas de riesgo en materia de protección civil”, uno detecta los riesgos para después administrarlos y a partir de ahí plantear políticas que permitan disminuir esos riesgos”, explico.
Gil Navarro consideró que para finales de año podría quedar listo este mapa de corrupción para la entidad.
Dijo que Coahuila sería el primer estado en contar con un mapeo de corrupción en el país.
Coahuila figura en el top 10 de los estados a los que más les cuesta la corrupción, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017, recién presentada por el INEGI.
En este documento se estima que a cada coahuilense le cuesta alrededor de 2 mil 500 pesos por actos de corrupción al año.