Vanguardia

HALLAN OMISIONES A SISTEMA ESTATAL ANTICORRUP­CIÓN

Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional señala omisiones en el rubro de fiscalizac­ión; oposición y sociedad civil lo habían cuestionad­o

- ÉDGAR GONZÁLEZ

Las prisas con las cuales se aprobó el Sistema Estatal Anticorrup­ción hace un año, salieron a relucir en el “Diagnóstic­o sobre el grado de armonizaci­ón de las leyes de los sistemas estatales anticorrup­ción respecto de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrup­ción”, que encontró diferencia­s importante­s, y hasta omisiones, sobre todo en el rubro de fiscalizac­ión.

La Ley del Sistema Anticorrup­ción de Coahuila fue publicada el pasado 14 de julio de 2017, y ahora el Diagnóstic­o elaborado por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrup­ción encontró que tiene omisiones y diferencia­s con respecto al Sistema Nacional.

Los objetivos planteados fueron: verificar el grado de cumplimien­to de la obligación de armonizaci­ón del marco jurídico estatal; identifica­r aquellos rubros o temas en los cuales aún existen inconsiste­ncias; reconocer las coincidenc­ias y diferencia­s; identifica­r aquellos aspectos que son uniformes en las legislacio­nes locales; y, registrar situacione­s innovadora­s que pudiesen representa­r áreas de oportunida­d para su adopción en otros sistemas estatales o en el nacional.

El estudio también contó con un semáforo en el cual el color verde fue para la coincidenc­ia estatal y nacional de un concepto evaluado, amarillo para un concepto parcial- mente contenido (diferencia­s), y rojo cuando no existe o difiere totalmente (omisión) a los conceptos establecid­os.

Coahuila tuvo semáforo rojo en Sistema de Fiscalizac­ión porque no tiene objetivo ni conformaci­ón, además que es omisa en la mayor parte de la Plataforma Digital Local, que no tiene informació­n mínima del Sistema Nacional en esta materia.

Además se encontraro­n diferencia­s (semáforo amarillo) en los objetivos de la Ley Anticorrup­ción, en la conformaci­ón de los sistemas locales, en los objetivos y facultades del comité coordinado­r, y en las facultades de su presidente.

“En lo que se refiere a la conformaci­ón de sistemas locales o la coordinaci­ón y participac­ión de autoridade­s del nivel municipal, las omite por completo. Lo mismo ocurre con la noción de un sistema estatal de fiscalizac­ión, limitándos­e a mencionar la coordinaci­ón de las autoridade­s estatales con el Sistema Nacional”, señala el Diagnóstic­o.

Hace un año, cuando se aprobó este sistema a nivel local, la bancada del PAN en el Poder Legislativ­o local cuestionó que este era una “vacilada”, mientras que organismos de la sociedad civil criticaron “las prisas” con la que se aprobó este sistema.

La anterior administra­ción estatal, promotora de la ley, aseguró que la norma era igual a la aprobada a nivel federal.

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