Coordinación Federación-estados, ¿será mejor?
Una de las modificaciones importantes que podría sufrir el mapa burocrático gubernamental, a partir del triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador, es el relacionado con la manera en la cual las entidades federativas del País y el Gobierno de la República colaboran y se coordinan, para el cumplimiento de las obligaciones legales que corresponden a cada orden del gobierno por separado o en las cuales tienen facultades concurrentes.
Hasta ahora, el modelo predominante ha sido uno de carácter centralista, mismo que está definido esencialmente por la concentración en el ejercicio del gasto público por parte del Gobierno de la República.
Y es que, aun cuando en el papel somos una república federal, integrada por estados autónomos y libres, la verdad es que el modelo operacional ha sido históricamente al revés: los estados en realidad dependen de la federación y su soberanía, en términos reales, se encuentra seriamente disminuida.
¿Qué va a pasar en este aspecto una vez que López Obrador asuma la Presidencia de la República? Un primer atisbo en este sentido se ha dado a partir de anunciarse la creación de “coordinaciones generales” del Gobierno Federal, en cada entidad del País.
Y aunque no se ha explicado con detalles cuál sería el propósito de tales coordinaciones, ni su impacto en términos de la estructura burocrática gubernamental, lo dicho hasta ahora permite algunas lecturas:
La primera de ellas es que la creación de tales “coordinaciones” traería aparejada una disminución en el número de empleados, adscritos a las delegaciones estatales de las secretarías del Gobierno Federal, algunas de las cuales incluso desaparecerían.
La segunda lectura es que estas coordinaciones concentrarían las decisiones relativas a la operación, seguimiento y evaluación de los programas sociales, uno de los ejes de la política gubernamental de la nueva administración a través de los cuales, entre otras cosas, se daría el combate a la corrupción.
No queda claro, sin embargo, lo que es, en todo caso, más relevante: si el nuevo gobierno habrá de profundizar en la centralización de las decisiones, tal como lo hizo el gobierno de Enrique Peña Nieto, o si impulsará un modelo que fortalezca realmente el pacto federal.
En otras palabras, ¿existirá la posibilidad de que los órdenes de gobierno que se encuentran más cerca de los problemas, es decir, el municipal y el estatal, cuenten con mayores recursos –económicos, sobre todo– para ofrecer respuesta a los mismos, o se profundizará el modelo seguido hasta ahora, según el cual sólo el Gobierno de la República cuenta realmente con margen de acción?
No es un asunto menor y se trata de uno de los debates más viejos de nuestra agenda pública. En particular, los municipios de México han sostenido un reclamo importante en el último cuarto de siglo, para que sus capacidades sean fortalecidas a través de una mayor transferencia de recursos.
Habrá que esperar, sin embargo, a que se proporcione mayor información sobre las “coordinaciones generales”, que incluso ya cuentan con titulares, para saber si daremos pasos hacia el verdadero federalismo o estamos sólo ante una nueva fórmula centralista.
No queda claro si el nuevo gobierno profundizará en la centralización de las decisiones, o si impulsará un modelo que fortalezca realmente el pacto federal