Violencia de género, un fenómeno sin freno

Uno de los objetivos relevantes de todo estado democrático es el de garantizar la igualdad entre sus miembros. Tal objetivo es, en principio, una meta de carácter genérico que debe tener como consecuencia el diseño e implementación de políticas públicas orientadas a impedir que cualquier individuo sufra un menoscabo en sus derechos. La igualdad, sin embargo, constituye una prioridad específica en aquellos casos en los cuales la realidad social está marcada por la existencia de grupos desaventajados y/o vulnerables cuyos miembros requieren de apoyos específicos para superar las desventajas con las cuales deben lidiar.

El grupo vulnerable más numeroso está compuesto por las mujeres, en particular las mujeres pobres, indígenas o con menores estudios, quienes padecen múltiples tipos de discriminación y enfrentan severas desventajas por el sólo hecho de ser mujeres.

Uno de los aspectos más desagradables de la desigualdad padecida por el género femenino está constituido por la violencia física que, en la inmensa mayoría de los casos, es ejercida en su contra por individuos del sexo masculino.

De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en Coahuila se han incrementado las denuncias por casos de violencia familiar, lo cual parece indicar, en principio, la inexistencia y/o el fracaso de las políticas que deberían combatir los estereotipos de género en los cuales se prohíja la violencia contra las mujeres.

Las cifras hablan por sí solas: de enero a mayo de 2018, las denuncias registradas por el SESNSP en nuestra entidad sumaron 4 mil 167, lo que representa un incremento de casi 29 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 3 mil 233.

Tal realidad se registra a pesar de que en Coahuila existe incluso una ley específica que pretende garantizar el “Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”, según lo establece el primer numeral de su artículo 2 al plantear que la legislación tiene por objeto “establecer las bases para los modelos de prevención, atención, sanción y erradicación de todo tipo de violencia contra las mujeres de cualquier edad en los diferentes ámbitos”.

Si las cifras de violencia familiar denunciada van en aumento, resulta obligado cuestionarse qué están haciendo las autoridades encargadas de llevar a la práctica una ley que fue creada justamente para contener un fenómeno a partir del reconocimiento de su existencia.

No hace falta ser demasiado imaginativos para intuir que la respuesta se encuentra en una actuación pública que no tiene como base fundamental de su trabajo el análisis cotidiano de la realidad ni, mucho menos, el propósito de transformar dicha realidad.

Y aquí vale la pena recordar una vez más lo que suele decirse respecto de la incidencia delictiva: la cifra denunciada no es la real, pues muchas víctimas prefieren no denunciar sus casos porque, o han normalizado la violencia como parte de sus vidas, o dudan de la eficacia de las instituciones públicas.

Así, el fenómeno de la violencia de género sigue siendo uno al cual nadie parece dispuesto a ponerle freno.

Si las cifras de violencia familiar denunciada van en aumento, resulta obligado preguntarse qué hacen las autoridades para contener el fenómeno