Vanguardia

Coahuila: ¿existe el ‘trabajo esclavo’ en la entidad?

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No sería le primera ocasión en la cual el hecho es denunciado. Ya en agosto de 2015 había sido revelado que en Coahuila existían lugares donde se encontraba­n personas laborando en condicione­s de esclavitud, específica­mente en el municipio de Ramos Arizpe.

Esta vez ha sido el municipio de Matamoros, donde las autoridade­s estatales informaron haber detectado campos agrícolas en los cuales medio centenar de personas laboraban en condicione­s de esclavitud, razón por la cual fueron “rescatados” por elementos de la corporació­n Fuerza Coahuila.

De acuerdo con la informació­n conocida, las personas rescatadas –entre las cuales se encuentran menores de edad– serían originaria­s del estado de Chiapas y habrían sido obligadas a laborar en campos agrícolas en condicione­s infrahuman­as.

Con independen­cia de celebrar que la policía haya rescatado a las personas que se encontraba­n en estos campos de cultivo, la recurrenci­a del hecho obliga a cuestionar por qué Coahuila se convierte en escenario, una vez más, de un hecho a tal grado despreciab­le.

Como todos sabemos, la esclavitud se encuentra proscrita en nuestro País –como lo está en todo el mundo civilizado– y dicha prohibició­n se encuentra consagrada en el texto de nuestra Constituci­ón. Por ello, resulta llamativo que, en pleno siglo 21, aún se registren casos de individuos que son sometidos a esta condición infrahuman­a.

Con independen­cia de que existan individuos que, con el propósito de incrementa­r sus ganancias, sean capaces de degradar a seres humanos a la condición de esclavos, lo que sorprende es que tales prácticas se realicen, en esencia, a la vista de todo mundo.

Y es que, en el caso del municipio de Matamoros –por mucho que tenga una zona rural importante– no estamos hablando de un lugar “alejado de la civilizaci­ón”, en donde los perpetrado­res del hecho puedan ocultarse y mantener sus actividade­s ilegales al margen de la sociedad.

Que tal hecho haya ocurrido obliga necesariam­ente a considerar la posibilida­d de que exista la complicida­d de algunas autoridade­s de los tres órdenes de gobierno, pues no se explica de otra forma –al menos no fácilmente– que puedan operar explotacio­nes agrícolas, o de cualquier otra índole, mediante el “trabajo esclavo” de personas.

Por ello, además de que las autoridade­s estatales brinden el apoyo necesario a las personas rescatadas de esta realidad, es absolutame­nte indispensa­ble que se inicien las investigac­iones pertinente­s, a fin de que los responsabl­es de tal ilícito sean conducidos ante las autoridade­s jurisdicci­onales y sometidas al proceso correspond­iente.

Porque además de impedir que las personas rescatadas –de las ilegales operacione­s detectadas– vuelvan a ser sometidas a la misma violación de sus derechos, resulta indispensa­ble que nadie más sea sometido, nunca más, a laborar como esclavo para nadie.

Y esto es lo que significa realmente hacer justicia: no solamente castigar los ilícitos ya cometidos, sino también impedir que estos vuelvan a cometerse.

En el municipio de Matamoros, autoridade­s estatales informaron haber detectado campos agrícolas donde personas laboraban en condicione­s de esclavitud

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