La ASE y su ‘batalla’ legal por la ‘megadeuda’
Una de las pocas cosas que están claras en torno al affaire de la denominada “megadeuda” de Coahuila es que la narrativa, respecto a dicho episodio de nuestra historia, constituye un claro ejemplo de esquizofrenia discursiva, a juzgar por el contraste en la forma en la cual éste es visto desde Estados Unidos y a nivel local.
Y es que mientras en los Estados Unidos se han enderezado diversos juicios en contra de funcionarios coahuilenses del gobierno local –Javier Villarreal y Jorge Torres, los más conspicuos–, aquí el tema se soslaya o, peor aún, se despliegan políticas que parecieran de abierta protección hacia sus principales protagonistas.
Uno de los elementos curiosos de la trama, desde la perspectiva de la narrativa local, es la actitud que la Auditoría Superior del Estado ha asumido respecto a las indagatorias que necesariamente ha debido realizar del ejercicio del gasto público.
Al menos en teoría, la ASE sería la única instancia estatal que realmente ha “intentado hacer algo”, interponiendo diversas denuncias por el aparente mal manejo de las finanzas en la época en la cual Humberto Moreira Valdés y Jorge Torres gobernaron la entidad.
De acuerdo con el Informe de Actividades 2017 y Estado que Guardan las Cuentas Públicas, de febrero a septiembre del año pasado, la dependencia habría promovido 12 juicios de amparo en contra de resoluciones de la extinta Procuraduría General de Justicia de Coahuila –hoy Fiscalía General– relativos a los ejercicios fiscales en los cuales dicha deuda se contrató.
“Respecto de diversas denuncias presentadas por esta Auditoría Superior (…) la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado determinó resolver el no ejercicio de la acción penal, al considerar que sobrevino dentro de la averiguación previa penal una causa que motivó la extinción de la acción penal”, dice el referido documento.
La pregunta obligada respecto del “celo” con el cual ha actuado la ASE en este caso es: ¿ha señalado específicamente a alguien por alguna acción concreta que considere ilegal respecto de la contratación y ejercicio de la deuda?
Porque aun cuando debe reconocerse el hecho de que haya interpuesto denuncias y, luego de que la extinta PGJE hubiera determinado el no ejercicio de la acción penal, haya promovido amparos, resulta obligado cuestionar si eso es lo único que la dependencia puede hacer al respecto.
Sobre todo lo que debe cuestionarse es si las denuncias interpuestas por la ASE están correctamente enderezadas y tienen como propósito el señalar acciones específicas, realizadas desde las oficinas del Ejecutivo Estatal, para defraudar a los ciudadanos coahuilenses.
Y aquí es preciso recordar una cosa: resulta al menos llamativo que las acciones emprendidas allende nuestras fronteras hayan resultado, al menos hasta ahora, más eficaces que las emprendidas desde acá, donde se tienen más y mejores herramientas para investigar la trama de la “megadeuda”.
Al final, resulta muy difícil no concluir que en todo esto lo único que no ha habido, de este lado de la frontera, es voluntad real de combatir la corrupción.