EL PUEBLO LA ECHÓ, PERO LA MINERA CANADIENSE YA PERFORA, OTRA VEZ…
AMENAZA NUCLEAR EN VERACRUZ Aunque el proyecto fue rechazado, la ambición de la empresa sigue y planea abrir un tajo para explotar a cielo abierto, a 3 kilómetros de la planta nuclear, y extraer oro; promete empleos y beneficios, pero oculta el impacto am
ALTO LUCERO, VER.- Eran los años 80 cuando en Palma Sola, comunidad costera de Veracruz, las plazas se llenaban para protestar en contra de la construcción de la central nuclear Laguna Verde.
Aunque los habitantes bloquearon la carretera costera 180 por más de una semana, fueron desalojados por la fuerza del Ejército. En 1990, la planta entró en operaciones.
Han pasado 28 años desde entonces, y ahora una nueva amenaza llega al pueblo:
El proyecto minero a cielo abierto para la explotación de oro en el cerro La Paila.
El rechazo es generalizado, como dice Mario Landa Viveros, comisario ejidal de Mesa de Veinticuatro en Alto Lucero:
“No queremos el proyecto, no queremos dinero, hemos vivido sin ninguna minera, tranquilos con nuestra vida, si llegan todo se va a secar”.
La preocupación no es menor. A poco más de 3 kilómetros de la planta nuclear y a 4 del reactor principal, se planea el tajo a cielo abierto, ahora en manos de la Minera Caballo Blanco, filial de la canadiense Candelaria Mining Corp.
Desde hace más de 20 años la presencia de los mineros es común en la zona, pero desde 2012 su actividad se ha intensificado. En dos ocasiones han intentado obtener el permiso para explotar oro, plata y cobre.
El proyecto ha estado en manos de tres mineras canadienses desde 1995, cuando fue descubierta la veta de oro. Se trata de Gold Group, Timmins Gold Corp y Candelaria Mining. La Paila tiene 12 concesiones por 50 años cada una, en 19 mil hectáreas de terrenos de Actopan y Alto Lucero.
A lo largo de estos años han adquirido terrenos en propiedad y otros los han rentado.
En 2011, cuando obtuvieron el permiso para los primeros seis socavones, el entonces alcalde de Alto Lucero, Lucio Castillo, les rentó su terreno para el paso principal y aceptó un cheque por 300 mil pesos y la promesa de mejorar los caminos de la región.
Divididos por la carretera costera 180 Veracruz-poza Rica, los pueblos de la montaña y el mar viven del campo, la ganadería, la pesca y pequeños comercios al pie de carretera, la idea de una mina en su territorio los atemoriza.
La minera Gold Group intentó en 2012 un primer permiso de explotación que fue negado, entonces la Manifestación de Impacto Ambiental que presentó para el cambio de uso de suelo fue analizada por expertos de 10 instituciones académicas, se obligó a ir a la consulta pública y en febrero del 2012, el entonces gobernador Javier Duarte decidió negar permisos y vetar el proyecto.
Pero la minera fue hábil y retiró el proyecto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para evitar su cancelación definitiva. Seis años después, apenas en agosto del 2017, ahora la minera Candelaria Mining volvió a presentar la MIA.
Un grupo de expertos investigadores de la Universidad Autónoma de México (UNAM), la Universidad Veracruzana y el Instituto de Ecología AC analizó el documento. Javier Laborde Dovalí, uno de los expertos del Inecol, advierte que el estudio de la minera tiene fallas importantes, que implica amenazas significativas e irreductibles al sistema ambiental.
La más grave es su cercanía con la planta nuclear Laguna Verde. ¿Cuántas minas de tajo abierto con explosiones diarias durante seis años están a menos de 5 kilómetros de una nucleoeléctrica?, se cuestiona.
Parte de los polígonos de la minera están dentro de la zona vía pluma de 15 kilómetros del Plan de Emergencia Radiológica Externo (PERE), lo cual –dijo– es muy riesgoso.
Para obtener 240 kilos de oro al mes, la minera plantea el uso de al menos 28 sustancias químicas, entre ellas cianuro, además de tone-
No queremos que vengan a contaminar, nos prometen una vida mejor, pero qué mejor vida que la que estamos viviendo aquí”. Gilberto Martínez, habitante de Villa Rica, a 5 km de la planta nuclear Laguna Verde. No queremos el proyecto, no queremos dinero, hemos vivido sin ninguna minera, tranquilos, si llegan todo se va a secar”. Mario Landa Viveros, comisario ejidal de Mesa de Veinticuatro en Alto Lucero.
La gente tiene miedo por el cianuro, pero la minera dice que todo estará controlado, pero tememos por el agua que viene de los cerros”. Rogelio,
agente municipal de Arroyo Agrio, la comunidad más cercana al cerro La Paila.
Cualquier contaminación que se de en la parte de la explotación minera vendría hacia nosotros y afectaría en la pesca, la ganadería, ecoturismo”. Adán Vez Lira,
agente municipal de La Mancha. Son empresas que llegan con palabras de prosperidad y beneficio, de desarrollo económico, pero en la realidad tienen más de 20 años haciendo trabajos y no hay los empleos prometidos”. Ascensión Sánchez, ejidatario de Actopan.
No entiendo por qué creen que si el daño ya pasó en otras mineras, ¿cuáles son las circunstancias de que aquí no pase? ¿Por qué creen que será diferente?”. Ximena Ramos,
abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambiental.
¿Cuántas minas de tajo abierto con explosiones diarias durante seis años están a menos de 5 kilómetros de una nucleoeléctrica?”. Javier Laborde,
investigador del Instituto de Ecología AC (Inecol).
Dicen que va a haber dinero, trabajo, mejora, pero nunca dicen va a haber muerte, destrucción, pueblos fantasma”. Isabel Báez,
habitante de Palma Sola.
ladas de explosivos para socavar los cerros.
Laborde señala que la minera en un documento de más de 2 mil 702 páginas no incluyó los impactos que tendría en lugares cercanos como La Mancha, sitio Ramsar con dos lagunas costeras y manglares, además subestimó el riesgo de huracanes.
Cuestiona que la minera explica que explotará seis años el tajo (a cielo abierto) y luego destinará tres años para remediación, lo cual es prácticamente imposible, pues se necesitan varios años para restablecer el hábitat de encinares, y hay animales como venados cola blanca que no podrían vivir en un bosque joven.
El investigador considera que la empresa no ha dicho claramente a las comunidades afectadas cuáles son los proyectos completos a explorar, y en cambio intenta comprar a los pobladores a través de apoyos.
Existen otros peligros. El tajo a cielo abierto está a 2 kilómetros de los gasoductos de Pemex y cerca de las líneas de tensión de la CFE.
La minera Caballo Blanco oculta otros proyectos que no ha dado a conocer a la Semarnat ni a los pobladores de la comunidad, se trata de Bandera sur, Las Cuevas, La Cruz y Red Valley donde hay indicios de mineral.
Su estrategia es hablar sólo de La Paila, pero a los inversionistas en la página Internet les revelan que la zona es de gran valía por su alta cantidad de concentración de oro. Los planes a largo plazo son extenderse al menos 9 kilómetros más.
La investigadora del Instituto de Ecología AC Patricia Moreno Cassaola advierte que la empresa debería presentar una MIA regionalizada para conocer cuál será el verdadero impacto ambiental a esta región, y no sólo una parte del proyecto.
Si el proyecto crece, entonces llegaría a una extensión de mil 414 hectáreas de La Mancha y El Llano, considerados sitios Ramsar. Ahí, un grupo de ejidatarios trata de hacer conciencia de la conservación de la biodiversidad.
El ecoturismo y la pesca son sus principales actividades, por lo que ven a la minería como un grave peligro para la conservación del medio ambiente y la vida de los pobladores; por eso no van a permitir que la minera llegue.
NUEVA ESTRATEGIA MINERA
Ante el segundo rechazo del proyecto, la minera usó la misma estrategia que 2012, retiró el documento de la Semarnat para evitar ir a consulta pública, y en un comunicado, en octubre de 2017, anunció a sus inversores que no había condiciones idóneas para el proyecto.
Para entonces la minera había enviado a la Semarnat dos permisos más de exploración: Bandera Norte y Highway North en Alto Lucero.
Siete meses después, en mayo de 2018, Julio Portales, consultor minero, informó que después del proceso electoral volverían a presentar el permiso de explotación.
Esta vez, su estrategia no era simple, la acompañaron de visitas a las comunidades y escuelas, censos, encuestas, cines móviles y reuniones entre sectores de influencia.
Para conseguir el apoyo, la minera ha entrado a las escuelas de comunidades como Palma Sola, donde, sin la supervisión de los padres, da pláticas a los estudiantes.
También regala pintura y flores a las parroquias y a través del grupo Mexicominero.org ofrece cine móvil.
La recién administración de la minera asegura que en el pasado no hubo información suficiente del proyecto, por eso ha distribuido folletos sobre el cianuro, los explosivos, la flora, la fauna y los fenómenos meteorológicos, en todos promete generar 400 empleos.
También promete la rehabilitación del centro de salud de Palma Sola, la reconstrucción de escuelas, así como 20 millones de pesos para el municipio de Alto Lucero.
CONSULTA LIBRE E INFORMADA
Ximena Ramos Pedrueza Ceballos, abogada del Centro Mexicano de Derecho Ambietal (Cemda), advierte que la consulta a los pueblos de manera libre e informada se debe dar antes de la evaluación de impacto, y antes de que la empresa tenga permisos para explotación o exploración.
Señala que en la región, las comunidades campesinas y pesqueras son equiparables con comunidades indígenas y tiene el derecho a solicitar una consulta sobre los proyectos invasivos a su territorio.
Asegura que estos proyectos violentan los derechos de las comunidades que están plasmados en la Constitución mexicana y en tratados internacionales, como el derecho a un ambiente sano, el derecho al trabajo, a la alimentación y al agua.
Junto con varias comunidades y organizaciones, Cemda solicitó a la Semarnat la consulta pública, y advirtió ahí que la minera presentó el proyecto fragmentado, pues mientras en 2011-2012 el proyecto comprendía Alto Lucero y Actopan en 55 mil hectáreas, ahora sólo lo presentaban La Paila con 19 mil hectáreas.
A su consideración es necesario revisar la Ley ambiental, pues aunque hay un rechazo general al proyecto, la empresa tiene la opción de presentarlo las veces que quiera ante la autoridad, sólo modificando parcialmente el documento, lo que significa una amenaza permanente para las comunidades.
CONCESIONES OPACAS
Durante ocho años la Asamblea de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida) ha informado y organizado a las comunidades para evitar la llegada de la minera.
Emilio Rodríguez Almazán dice que cuando iniciaron la lucha, la minera ya tenía más de 100 barrenos perforados, y lo primero que hallaron en las comunidades fue un temor al proyecto.
Aunque la lucha ha tenido logros como el posicionamiento en contra del proyecto del Congreso local, de expertos científicos, del Gobierno estatal actual, y recientemente del cabildo de Alto Lucero que se declaró libre de minería tóxica, los mineros no se dan por vencidos.
“Es es grave que los pobladores vivan en una incertidumbre porque saben que de un día para otro se puede autorizar el proyecto”.
Emilio afirma que la autorización de concesiones mineras es una arbitrariedad del Estado mexicano que violenta el derecho de las personas y se buscarán los instrumentos jurídicos para evitar que las mineras lleguen a la región.