¿Volverá la ‘sobrepoblación’ de partidos a Coahuila?

En algún momento del pasado reciente, como se recordará, Coahuila tuvo el dudoso honor de ser el estado de la República con más partidos locales: en total, siete opciones con registro estatal llegaron a competir simultáneamente en los procesos electorales locales.

Pero, como se sabe también, prácticamente la totalidad de tales agrupaciones eran realmente “empresas familiares”, cuya supervivencia en el espectro político solamente fue posible durante la época en la cual la ley permitía a los “partidos grandes” aliarse con fuerzas casi testimoniales a las cuales les garantizaba la conservación del registro a través de un convenio.

Hoy, luego de que la ley ha sido reformada para impedir lo que se conoce como “trasvase de votos”, cada fuerza política debe obtener por sí sola el respaldo popular necesario para seguir existiendo. Esa modificación a la legislación electoral implica que los ciudadanos sepamos exactamente cuántos electores reales existen detrás de cada membrete partidista.

Esa modificación es la razón también por la cual la amplia familia de partidos políticos de Coahuila prácticamente se extinguió durante el proceso electoral local de 2017, cuando cinco de los seis partidos que aún persistían perdieron el registro estatal.

Y, como se recordará, no solamente perdieron el registro, sino que las conductas de excesos a las cuales se entregaron sus dirigentes –en prácticamente todos los casos– quedaron impunes, pues ya no cuentan con las prerrogativas que les permitan pagar las multas que se les impusieron.

Con todo, y seguramente debido a que contar con un registro estatal debe ser “un buen negocio”, 14 organizaciones solicitaron este año al Instituto Electoral de Coahuila (IEC) que se les permitiera iniciar el proceso para constituir un partido político estatal. Entre los aspirantes a conseguir un nuevo registro se encuentran prácticamente todos los que lo perdieron hace apenas un año.

Como se ha informado, el IEC rechazó todas las solicitudes presentadas debido a irregularidades en los procesos de financiamiento de las organizaciones civiles, a partir de las cuales se impulsa la solicitud de registro. Como era de esperarse, los promoventes han enderezado juicios en contra de tal decisión, alegando, fundamentalmente, que la negativa de la autoridad electoral vulnera sus derechos políticos.

El Tribunal Electoral de Coahuila, primera instancia jurisdiccional que debe conocer la controversia, se ha tomado su tiempo para resolver, pero ayer se anunció que será finalmente hoy cuando emita el fallo definitivo en torno a este caso.

Si el Tribunal, que preside Valeriano Valdés, le da la razón hoy a los impugnantes, estará abriendo la puerta nuevamente a que Coahuila sea una entidad “sobrepoblada” de partidos locales. Pero no sólo eso: estaría dándole la razón a los mismos individuos que no solamente han demostrado contar con nulo o muy escaso respaldo popular, sino que se han beneficiado ilegalmente de los recursos públicos que les entregaron en el pasado reciente.

El escándalo de los partidos estatales extintos –que eran integrados y dirigidos por los mismos que hoy piden “respeto a sus derechos”– está a la vista de todos. Sería deseable que la autoridad jurisdiccional lo tuviera en cuenta.

Si el Tribunal le da la razón a los 14 partidos que solicitan registro estatal, estará abriendo la puerta nuevamente a que Coahuila sea una entidad “sobrepoblada” de partidos locales