LAS ‘FACTURAS PENDIENTES’ DE EPN: SALARIOS DIGNOS Y EMPLEOS DE CALIDAD

Aunque actual gobierno rompió récord en generación de plazas laborales, la gran mayoría fue con sueldos de uno ó dos salarios mínimos

El actual gobierno está a unos meses de concluir y el panorama laboral en el que queda México es uno lleno de muchas deficiencias: pobreza laboral, informalidad en el trabajo, destrucción de empleos de mejor calidad, aumento de prácticas laborales indebidas entre las empresas, como la subcotización de trabajadores o el outsourcing injustificado.

Hace algunos meses esta administración federal se encargó de pedirnos que “hiciéramos bien las cuentas” a través de varios spots que resaltaban sus supuestos logros, entre ellos, la creación de más de tres millones de puestos de trabajo.

Sin embargo, quedarnos en los números es superfluo, porque hay un término que en este tema resuena y es la precariedad laboral, es decir, que el empleo que se da llena al trabajador de inseguridad, por la incertidumbre en su duración o por una relación encubierta o ambigua con el empleador, porque existe la imposibilidad de gozar de protección social o porque el salario tan bajo no cumple con sus necesidades, según la Organización Internacional del Trabajo.

En este caso, el problema es la calidad de los empleos creados: A partir de las cifras generadas desde el inicio de este sexenio hasta diciembre de 2017, 80% de los empleos son de uno a dos salarios mínimos, lo que quiere decir que esos trabajadores laboran para ser pobres, porque en México el salario mínimo, o incluso dos, no bastan ni siquiera para comprar lo indispensable. En este caso, la precariedad laboral viene de lo bajo del salario, pero la realidad es que en México se vive a muchos niveles más.

Por ejemplo, aquellos que se encuentran bajo esquemas lesivos como algunos de outsourcing injustificado (el outsourcing puede ser benéfico también en algunos casos); otros cotizan ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con menos de su salario para ahorrarle impuestos a sus empleadores o esos trabajadores que laboran en la informalidad y que hoy constituyen alrededor del 60% de la Población Económicamente Activa (PEA), los cuales no tienen acceso a la seguridad social de ningún tipo.

Hace unos meses, un par de investigadores de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Benjamín Temkin y Jorge Cruz, analizaron esta misma cifra a propósito de la propaganda gubernamental que pedía a los ciudadanos “hacer bien las cuentas” y concluyeron que más que cambio, hubo continuidad: “Nuestra conclusión es que el desempeño de la presente administración en el terreno laboral se caracteriza más por su continuidad con lo sucedido en las administraciones precedentes, que por un cambio significativo en la persistente pre- cariedad del empleo, del ingreso personal y del bienestar social”, señala este análisis publicado en la revista Nexos.

¿Qué dice el IMSS? Que en la administración actual se crearon más de 3 millones 600 mil empleos, un aumento 2.1 veces mayor que lo creado en el mismo periodo de la anterior administración, lo cual es “incluso superior a los empleos creados en los 12 años completos de las dos administraciones pasadas”.

POBREZA LABORAL

Los pendientes en México son muchos y aún se necesita un cambio. Otro tema que lacera es el salario mínimo, el cual no alcanza para cubrir las necesidades más básicas de quien lo gana. Un estudio del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de hace unos años, califica a México como una “fábrica de pobres”, debido a la caída del poder adquisitivo de los últimos años —de 1987 a 2014, éste descendió 77.79%— que ha hecho que los mexicanos que lo ganan trabajen para ser pobres. Con esto, la Constitución se viola diariamente, pues en la carta magna está estipulado que el salario mínimo debe cumplir con las necesidades de alimentación, vestido, techo y recreación del trabajador y de su familia lo cual no sucede.

Esto nos lleva a hablar de pobreza laboral, un término que se refiere a una situación en la que el ingreso laboral de un hogar no es suficiente para alimentar a todos sus miembros y la cual, en este sexenio no tuvo mejora: De enero de 2012 a enero de 2018, no hizo más que sufrir fluctuaciones ligeras para quedar de 39.8% a 39.1%, de acuerdo con información del Inegi procesada por “México, ¿Cómo vamos?”. Con estos indicadores, es entendible la conclusión de continuidad de los investigadores de la Flacso.

Es importante también hablar de los empleos de buena calidad que se perdieron. Según cálculos realizados con base en cifras del IMSS, en este sexenio se destruyeron 80 mil empleos de más de ocho salarios mínimos o sea, de más de 16 mil pesos. Cada vez hay más personas que ganan menos y menos que ganan más.

Por supuesto, es importante hablar de la informalidad, la cual también no es solo un pendiente de este sino de muchos sexenios atrás. Varias veces el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en voz de su especialista senior de mercados laborales, David Kaplan, ha alertado no solo sobre las primeras posiciones que México ocupa en materia de informalidad a nivel latinoamericano, sino sobre la escasa participación de mujeres en el mercado laboral, el poco balance vida-trabajo que tienen nuestros trabajadores, el casi nulo acceso de los trabajadores a una pensión y en general, sobre los problemas estructurales del mercado laboral mexicano.

La lista de pendientes es larga porque no sólo la informalidad y la pobreza laboral son dos de las realidades que laceran al país. También lo hacen las malas prácticas que cada vez más empresas practican y que lesionan los derechos de los trabajadores, ya sea outsourcing no justificado, la subcotización —aquellos que ganan más de lo que reportan al IMSS, lo cual les hace ver disminuida su pensión y prestaciones laborales— u otro esquema fuera de la ley.

Sin embargo, si hoy una empresa incurre en cualquiera de estas prácticas lo único que puede pasar es que, si es que algún empleado decide denunciar de manera anónima y no sólo eso, sino que las autoridades laborales deciden acudir a la compañía, esta pueda ser fiscalizada. En una gran parte de las veces, los patrones que no cumplen no tienen ninguna consecuencia hasta que sean demandados.

En este sentido, es necesario un mecanismo coordinado entre el IMSS, la Procuraduría de Trabajo, el Infonavit y demás instituciones involucradas para que las empresas hagan cumplir los derechos laborales de los trabajadores y paguen los impuestos que les corresponden. “Cada vez tenemos más y más empresas a las que se les hace fácil no cumplir justamente por la certeza que se tiene en la poca fiscalización en este tipo de prácticas”, explica el especialista.

Los pendientes laborales que hoy se heredan constituyen una larga lista anteriormente heredada. Los compromisos siguen sin cumplir y los trabajadores mexicanos son los que continúan sufriendo la mayor parte hasta que no haya un cambio.

Se necesita un esquema de fiscalización para las empresas que no cumplen y que no tienen inscritos a sus trabajadores en el Seguro Social, que los tienen en esquemas de pagos por honorarios y otras estructuras empresariales a fin de esconder la relación laboral, a esas empresas hay que irlas a buscar”.

Arturo Hernández, Presidente de la Comisión de Capital Humano y Talento del Colegio de Contadores Públicos de México.