Caso ‘Gutiérrez’: uno de contaminación política

Desde el principio de esta historia ha estado clara sólo una cosa: resulta imposible no considerar la existencia de un trasfondo político en el arresto y encarcelamiento del empresario coahuilense Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, quien permanece privado de su libertad desde hace nueve meses en una prisión del estado de Chihuahua.

Quienes sólo actúan como espectadores de los acontecimientos, así como quienes consignamos los hechos de esta historia a partir de las reglas del periodismo, estamos incapacitados para decir si existen o no pruebas de que el saltillense haya cometido un delito. Nuestro juicio respecto a los acontecimientos sólo puede guiarse por lo que las autoridades declaran de manera oficial.

Sabemos, sin embargo, dos cosas:

La primera es que, de acuerdo con nuestra Constitución, toda persona es inocente hasta no demostrarse lo contrario. Y “demostrar lo contrario” significa sólo una cosa: que un juez dicte una sentencia condenatoria. Mientras ello no ocurra, la obligación jurídica de las autoridades y el deber moral de los ciudadanos es considerar inocente a quien se encuentre sometido a proceso.

La segunda es que las autoridades que han intervenido en esta trama se han esforzado, más allá de los límites tolerables, en contaminar el proceso, alimentando un “juicio paralelo” que, como ocurre con insana frecuencia en nuestro País, pretende obtener una “sentencia condenatoria” –o una absolutoria– en el “tribunal de la opinión pública”.

El ejemplo paradigmático de esta conducta es el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado. De espalda a los cánones que demandan, en las sociedades democráticas, una actuación imparcial del Ministerio Público y, por encima de ello, una abstención absoluta del Ejecutivo en la sustanciación y resolución de los procesos penales, el mandatario estatal se ha empeñado en aparecer como protagonista del caso, incluso como juez.

Algunas autoridades federales también han incurrido en este exceso y se han entregado a la “litigación mediática” del asunto. Uno y otros no solamente han faltado a sus deberes más delicados con esta actitud, sino que han contribuido al desprestigio de la procuración e impartición de justicia en nuestro País.

Conocer la verdad –algo a lo cual la sociedad tiene derecho– parece imposible a estas alturas. Porque incluso si, finalmente, una investigación imparcial y un juicio justo –presupuestos elementales de la democracia– pusieran delante de nosotros los hechos puntuales, resultaría sumamente difícil creerlos debido al grotesco desaseo con el cual han sido manejados.

El desenlace final de esta historia está –como siempre debe estar– en manos de los jueces. Pero no sólo del responsable de dictar la sentencia de primera instancia, sino también de quienes, con arreglo a nuestro sistema judicial, tienen el deber de revisar tal decisión si así les es solicitado.

Por desgracia, con independencia del fallo que emitan, cuando la última sentencia del “caso Gutiérrez” sea dictada, la única certeza que todos tendremos será la imposibilidad de tener claro si eso implicó realmente hacer justicia.

Tal es el saldo lamentable de la escasa vocación de nuestros gobernantes con el respeto al estado de derecho.

Conocer la verdad parece imposible, incluso si pusieran delante de nosotros los hechos puntuales porque resultaría difícil creerlos debido al grotesco desaseo