Inhabilitan por 12 años a exgobernador de Nayarit
Roberto Sandoval es señalado por usar dinero público para beneficio del candidato del PRI al Gobierno estatal
TEPIC, NAY.- El pleno del Congreso de Nayarit aprobó por mayoría inhabilitar durante 12 años, 10 meses y 15 días para ocupar cualquier cargo público en el estado al exgobernador priista Roberto Sandoval Castañeda, al encontrarlo responsable de uso indebido de recursos y fondos públicos, violar la equidad e imparcialidad en una elección y violar la Constitución local.
Como parte del juicio político iniciado contra el exmandatario, el pleno del Congreso se erigió como jurado de acusación y aprobó la propuesta de sanción emitida por la Comisión de Gran Jurado Sección Instructora que se ha hecho cargo del proceso.
Ahora se notificará de la aprobación de esta sanción al exgobernador para que presente por escrito su defensa ante una Comisión de Enjuiciamiento del Congreso, posteriormente esta comisión emitirá sus conclusiones y propondrá una sanción definitiva ante el pleno para que ésta sea avalada o rechazada.
Según el documento aprobado este jueves por el Congreso, el exgobernador es responsable de desviar recursos del Programa de Seguridad Alimentaria (Prosa) debido a que en 2017 condicionó éste para favorecer al candidato del PRI al Gobierno del Estado, Manuel Cota.
Además, lo acusaron de violentar el principio de neutralidad, equidad electoral y otorgar un Fiat Notarial al exauditor general del Órgano de Fiscalización.
Con 23 votos a favor, cinco en contra y la ausencia de un diputado de Morena y otro del PT, el jurado de acusación del Congreso de Nayarit responsabilizó al exgobernador, Roberto Sandoval, de manejo indebido de recursos y violaciones graves a la Constitución Política y leyes locales
El 2 de octubre de 2017 un grupo de ciudadanos presentó la demanda de juicio político contra el exmandatario por el manejo indebido de recursos y fondos públicos, violar el principio de imparcialidad y equidad en una elección, enriquecimiento ilícito y violaciones graves a la Constitución local.
El 13 de octubre de 2017 el Congreso radicó la petición e inició el proceso de enjuiciamiento, que el pleno autorizó el 21 de febrero de 2018. Para el 21 de mayo, los denunciantes ofrecieron los medios de prueba que lograron recabar y el 29 de agosto la Comisión de Gran Jurado Sección Instructora aprobó el proyecto de dictamen para inhabilitar al Mandatario.