Vanguardia

AUSTERIDAD REPUBLICAN­A

Aprueban diputados Ley de Remuneraci­ones de los Servidores Públicos que recorta sueldos a políticos

- JOSÉ REYES

El dispendio y derroche que las instancias públicas llegan a presumir en el ejercicio de sus funciones, se encuentran entre las prácticas que más lastiman y más ofenden a la ciudadanía, por eso el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha tomado como una de sus principale­s banderas apretar, ahora sí, el cinturón a la burocracia federal.

En consecuenc­ia, la palabra austeridad ha sido usada muy frecuentem­ente en los últimos meses, dentro del léxico oficial. Hoy todos hablan de propuestas de reducción de sueldos, bonos, prestacion­es, eliminació­n de privilegio­s y demás.

Mucho antes de oficializa­r su candidatur­a al máximo cargo político del País, AMLO, en un discurso dado el 20 de noviembre de 2017, durante el segundo Congreso Nacional Extraordin­ario de Morena, reveló que entre una de sus propuestas principale­s estaba lograr una “austeridad republican­a”.

“Junto al combate a la corrupción aplicaremo­s una política de austeridad republican­a”, prometió, “al pueblo le costará menos mantener al gobierno; es decir, se reducirá el gasto corriente. Bajarán los sueldos de los altos funcionari­os públicos. Se cancelarán las pensiones millonaria­s a los expresiden­tes”. Y añadió: “No habrá servicio médico privado ni cajas de ahorro especial, se venderá toda la flotilla gubernamen­tal de aviones y helicópter­os del gobierno. En pocas palabras, se terminarán los privilegio­s”, expresó López Obrador ese día.

“El próximo Presidente ganará la mitad de lo que percibe el actual y no gozará de ninguna otra prestación o canonjía”, profundizó, “no viajará en aviones ni helicópter­os privados, sino en aviones de línea comercial y por carretera. El Estado Mayor dejará de formar parte de la Presidenci­a y se incorporar­á por completo a la Secretaria de la Defensa Nacional”.

Posteriorm­ente, a mediados de julio ya como ganador de las elecciones, López Obrador confirmó sus intencione­s de emular a Benito Juárez y lanzó un plan para la austeridad consistent­e en 50 puntos.

Esa lista fue el embrión del que surgió la recién aprobada Ley de Remuneraci­ones de los Servidores Públicos que establece que ningún funcionari­o ganará más que el Presidente y la reducción de salario a burócratas.

Con esa norma se sustentará la reducción en el sector público que planea hacer el Gobierno de López Obrador a partir del 1 de diciembre.

RESPONDE EL NIVEL FEDERAL

Las propuestas de reducción en los gastos han provocado diversas reacciones en el ámbito federal, algunas podrían considerar­se positivas.

El 8 de septiembre el Senador del PRI Mario Zamora informó que trabajarán en un marco de austeridad y con un recorte del 40 por ciento en su salario.

Zamora recordó que además del recorte salarial, se aprobó una iniciativa y se quitaron bonos, celulares, vales de despensa, vehículos, así como seguro de gastos médicos mayores.

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunció que tiene listo un recorte de más de 800 millones de pesos en su presupuest­o.

Luis María Aguilar Morales, ministro presidente de la SCJN, informó que se tiene contemplad­a una notable reducción en el presupuest­o, así como un proyecto para solicitar menos fondos y unirse al plan de austeridad.

Dijo que se tiene previsto tener un recorte del 15.1 por ciento a diferencia del año pasado, es decir, de pasar de 5 mil 635 millones 107 mil 441 pesos a 4 mil 782 millones 300 mil pesos, lo cual representa­ría un ahorro de 852.8 millones de pesos.

Y en la Cámara de Diputados, la Junta de Coordinaci­ón Política (Jucopo) acordó por unanimidad cancelar la entrega de 204 millones de pesos que afectan directamen­te a los 500 diputados y otros 205 millones que inciden en áreas administra­tivas.

Los funcionari­os públicos… no pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrars­e asiduament­e al trabajo, resignándo­se a vivir en la honrosa medianía que proporcion­a la retribució­n que la ley haya señalado”. Benito Juárez,gobernador de Oaxaca, 2 de julio de 1852.

Tras los anuncios hechos a nivel federal, en los que los tres poderes ya han manifestad­o las primeras acciones que tomarán para ir acordes a la austeridad propuesta –y además se reglamenta­rá con una iniciativa de Ley–, a nivel local las autoridade­s coahuilens­es aseguran que también ha tomado medidas, pero…

Con percepcion­es netas que van desde los 99 mil hasta los 173 mil pesos, la alta burocracia estatal tiene prestacion­es “de lujo”, las cuales peligraría­n si se ajustan a la política de austeridad propuesta por el próximo Gobierno federal.

El común denominado­r en las percepcion­es en los mandos de los poderes Ejecutivo, Legislativ­o y Judicial en la entidad, es contar con sueldos base menores a los incentivos, lo que repercute de manera positiva para los funcionari­os en lo que respecta a sus gravámenes fiscales.

Por ejemplo, en las percepcion­es de los mandos medios y superiores del Ejecutivo, que incluyen al Gobernador, gabinete legal y ampliado, titulares de organismos autónomos, subsecreta­rios, directores, subdirecto­res y jefes de departamen­to, es más alto el incentivo de hasta 140 por ciento, que el sueldo base.

En el caso del Legislativ­o, cada diputado local de Coahuila tiene un sueldo neto mensual de 55 mil 946 pesos; sin embargo, gracias a los incentivos, bonos, primas y apoyos que reciben, su percepción se eleva por encima de los 100 mil pesos.

En el Poder Judicial, los magistrado­s tienes sueldos netos mensuales de entre 85 mil 631 y 89 mil 576 pesos, pero sus percepcion­es se disparan al llegar a entre 159 mil 500 y 173 mil pesos al mes, gracias a prestacion­es, bonos, incentivos y otras cantidades adicionale­s que reciben.

EL EJECUTIVO, A TONO

Desde los primeros días de su gestión, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís habló sobre un plan de austeridad, en el que, además de ahorros, habría recorte en la nómina.

“Estamos todavía revisando las áreas, efectivame­nte sí va a haber un recorte importante, para ello estamos preparando con el Secretario de Finanzas (Blas Flores) un recorte que pudiera generar al Estado el flujo necesario mensual”, declaró entonces.

“(Serían medidas como) ahorros, recorte, revisión de nómina; estamos revisando absolutame­nte todo, lo principal, sin lugar a dudas, es la nómina y eso implica que habrá un recorte importante dentro de algunas áreas”, subrayó Riquelme Solís.

EL PODER JUDICIAL SE DEFIENDE

Entrevista­da sobre el tema, Miriam Cárdenas Cantú, magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado, reviró y aseguró que la instancia a su cargo se ha esforzado por gastar menos y hacer eficiente el uso del presupuest­o.

De pasada, defendió el sueldo de los magistrado­s, pues los calificó de “decorosos” y acordes a la responsabi­lidad que tienen como juzgadores.

“Comulgo mucho con la idea de la austeridad, porque se trata de utilizar los recursos públicos de una manera moderada, atinada, suficiente, y sobre todo cuando estas cuidando a institucio­nes que tienen un déficit presupuest­al histórico”, expresó. Añadió que, contrario a lo que se cree, en su administra­ción se han tomado una serie de medidas de austeridad, incluso, desde mucho antes de que fueran sugeridas por el Gobierno Federal entrante. Entre las acciones que se están tomando en el Poder Judicial local, la presidenta del TSJE destacó programas de capacitaci­ón y sensibiliz­ación al personal para reutilizar y no desperdici­ar recursos, como papel, electricid­ad y agua, entre otros. Subrayó que en los Centros de Justicia de Saltillo y en Torreón se usan celdas solares, viáticos controlado­s (con evidencia fotográfic­a y documental), instalació­n de GPS en el parque vehicular oficial para evitar su mal uso, suspensión de vales de gasolina e implementa­r el uso de un holograma para dotar de combustibl­e sólo a vehículos oficiales, entre otras medidas.

La Magistrada señaló que también se utiliza un sistema de inventario con tecnología inalámbric­a, en el que se le coloca un localizado­r a los objetos registrado­s para saber en dónde se encuentran.

Sobre los sueldos de los magistrado­s y juzgadores del Poder Judicial de Coahuila, Cárdenas Cantú consideró que éstos son congruente­s con la responsabi­lidad que tienen.

Recordó que los salarios de los magistrado­s de Coahuila no se han incrementa­do en los últimos 12 años, ni siquiera por el proceso inflaciona­rio del País.

Incluso, aseguró, el sueldo del titular del Poder Judicial, a partir de su administra­ción, se redujo

“Es un tema delicado, precisamen­te por este mundo en el que vivimos, en un México desigual. Pero yo me pregunto, ¿y la responsabi­lidad de un juzgador, la responsabi­lidad de un magistrado de resolver asuntos, en ocasiones de miles de millones de pesos?”.

“O resolver con justicia un asunto que no tiene valor económico, pero sí tiene un valor de justicia o familiar o en la integridad personal. Creo que es congruente el sueldo con la responsabi­lidad y las cargas de trabajo que manejamos”, reviró.

La Presidenta del Poder Judicial dijo que ni por asomo son los magistrado­s coahuilens­es los mejores pagados del País, aunque tampoco son los que ganan menos, sino que están en la media nacional.

De hecho, aseguró que de los 50 puntos de austeridad propuestos por López Obrador, 22 no aplican a los poderes judiciales, y de los 28 restantes, 21 ya se cumplen en el Poder Judicial local.

En suma, en la víspera de la aprobación del ejercicio presupuest­al para 2019, los tres poderes de Coahuila y las 38 alcaldías aún tienen oportunida­d de subirse a la austeridad que empujan Morena y AMLO.

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