Mini partidos: aún ‘muertos’ nos siguen costando
Quienes integran el Poder Legislativo –ya sea en el ámbito federal o el local– teóricamente representan a los ciudadanos que votamos por ellos y les elegimos para que tomen decisiones en nuestro nombre.
Dicho en otras palabras, se trata de partidos que desaparecen porque no demostraron tener un auténtico arraigo entre los ciudadanos y, en no pocos casos, no lograron obtener en las urnas ni siquiera el número de votos equivalente a las firmas que presentaron en su momento como respaldo para obtener el registro.
Como se sabe, además de no contar con respaldo entre los electores, los denominados “mini partidos” se caracterizaron por entregarse a prácticas ilegales que implicaron la utilización de los recursos públicos -que recibieron de las autoridades electorales- para beneficio de sus dirigentes.
Lo anterior, es importante recalcarlo, no es una especulación sino un hecho concreto demostrado a través de los procesos de fiscalización realizados por el INE, durante los cuales se detectaron numerosas anomalías que dieron como resultado la imposición de multas por 31 millones de pesos a los hoy extintos partidos locales.
Tales multas, como se sabe, quedarán en el anecdotario de la actividad político-electoral de la entidad, pues nadie las pagará nunca debido a que, con la extinción de los sujetos sancionados, se extingue también la obligación de cubrir la sanción.
Pero si algo faltara para redondear esta historia que bien puede considerarse un fraude a los coahuilenses, como acto postrero del proceso de disolución, el Instituto Electoral de Coahuila autorizó la asignación de un “subsidio extraordinario” a tres de las cinco agrupaciones liquidadas, a fin de que pudieran hacer frente al pago de los liquidadores.
De acuerdo con la consejera Presidente del IEC, Gabriela de León Farías, el órgano electoral -es decir, los contribuyentes coahuilenses- tuvo que “apoyar” a los partidos de la Revolución Coahuilense, Campesino Popular y Joven para el pago de los honorarios de quienes realizaron la tarea de liquidación.
Pero la ofensiva historia de los partidos locales podría ser aún peor, pues dichas agrupaciones podrían “resucitar” debido a que actualmente, quienes fueron sus dirigentes, buscan obtener un nuevo registro partidista a nivel local.
Estamos, a no dudarlo, frente a una interpretación perversa del ejercicio del derecho de asociación de los ciudadanos con el propósito de ejercer sus derechos electorales y ante un claro intento de burlar la legislación electoral -federal y local- por parte de quienes claramente ven en los partidos estatales un negocio personal.
Cabría esperar en este sentido, que comenzaran a surgir las voces que planteen la necesidad de revisar la legislación electoral vigente a fin de evitar que sigan registrándose episodios como este que constituyen una clara burla a la ley y un insulto para la sociedad que sostiene con sus impuestos el sistema electoral.