Vanguardia

VAN A LA BAJA SANCIONES POR IRREGULARI­DADES

Hasta octubre de 2018 sólo suman nueve castigos; en todo 2017 fueron 40

- ÉDGAR GONZÁLEZ #CONTRALORÍ­A

El documento público ‘Lista de sancionado­s derivados de procedimie­ntos administra­tivos de responsabi­lidad’ demuestra una baja en la aplicación de sanciones por irregulari­dades que cometen los servidores públicos del Estado.

Durante el 2016, de acuerdo con la informació­n pública de la Secretaría de Fiscalizac­ión y Rendición de Cuentas, se aplicaron 24 sanciones, mientras que en el 2017 se elevó a 40 y hasta el mes de octubre del presente año son sólo nueve sanciones contra servidores públicos del Gobierno Estatal.

Sin embargo, tanto la Auditoría Superior del Estado (ASEC), como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) giran instruccio­nes a la Secretaría de Fiscalizac­ión y Rendición de Cuentas para iniciar procedimie­ntos administra­tivos por irregulari­dades encontrada­s en las cuentas públicas.

A la instrucció­n que giran la ASEC y la ASF, se suman las inves- tigaciones de la misma Secretaría por denuncias, así como derivado de las revisiones del cumplimien­to de la declaració­n anual, que a partir del presente año es para todos los servidores públicos del país, sin importar su cargo.

La mayor parte de las sanciones derivadas de las observacio­nes de la Auditoría Superior del Estado son aplicadas por los municipios. Un estudio de la misma ASEC de 2014 y 2015 revela que los órganos internos de control de municipios, organismos autónomos y poderes aplicaron mil 155 sanciones a igual número de servidores públicos.

Además de ser escasas, las sanciones derivan en su mayoría en apercibimi­entos y amonestaci­ones, y en pocas ocasiones en suspension­es por varios días, así como inhabilita­ciones por algún periodo.

En el 2016, de acuerdo con el documento de la Secretaría, se aplicaron sanciones en contra de funcionari­os y exfunciona­rios del Servicio Médico y Dirección de Pensiones de los Maestros de Coahuila derivado de las observacio­nes en cuenta pública: Francisco Benito Parra Mireles, Higinio Leonel Hinojosa Valdés, y Alejandro Treviño Saldaña, todos con apercibimi­ento únicamente.

En el 2018 las sanciones más grandes fueron inhabilita­ción, y aplicaron para Fabián Isidro Núñez Aguirre, quien tenía doble plaza en el Gobierno Estatal, y Benjamín Enrique Moffat Peña, funcionari­o del Instituto del Deporte.

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