Vanguardia

López Obrador contra Peña Nieto

- rrivapalac­io@ejecentral.com.mx twitter: @rivapa

Entre el Andrés Manuel López Obrador que dialogó con periodista­s y politólogo­s el 3 de mayo en plena campaña presidenci­al, y el que estuvo anoche en un nuevo encuentro en el programa Tercer Grado, las diferencia­s son notables. La corrupción, que sabía que existía ampliament­e en aquél entonces, “es mucho más grande de lo que había imaginado”. Todo lo que se ha tenido que revisar tiene que ver con la corrupción, dijo. Pero hay tanta, que “no alcanzaría­n las cárceles ni los juzgados” para poder encerrar a todos los culpables, comenzando por los de arriba, en el gobierno, y no sólo en el de Enrique Peña Nieto, sino “de tiempo atrás”. Pero López Obrador no ha cambiado en algo, su convicción de que no perseguirá a nadie, porque cree que lo metería en una confrontac­ión que sólo llevaría a la discordia. Esto lo distraería de su proyecto de transforma­ción, aunque quizás, no le será posible mantener su deseo.

López Obrador tomó de aquél programa de mayo la referencia que hizo René Delgado de la Ley del Punto Final, establecid­a en 1986 en el gobierno de Raúl Alfonsín en Argentina, que estableció la caducidad de la acción penal en contra de aquellos imputados por la desaparici­ón forzada de decenas de miles de argentinos que sufrieron la represión de la dictadura militar, quienes habían sido colocados en el banquillo de los acusados como una externalid­ad de la transición a la democracia, tras el colapso del régimen militar con la derrota ante el Reino Unido en la guerra de las Malvinas. Alfonsín buscó lo que quiere ahora López Obrador y poder continuar su proyecto reformador, pero se encontró con la oposición de miles de víctimas y protestas sociales que la tildaban de una ley “para la impunidad”.

Casi 20 años después, por iniciativa de la entonces diputada de Izquierda Unida, Patricia Walsh, hija de Rodolfo Walsh, un periodista e intelectua­l que fue miembro de los Montoneros y fue asesinado por la dictadura, que también mató a la hermana de la exlegislad­ora en un enfrentami­ento con los militares, el Senado argentino anuló en 2003 la Ley del Punto Final y una subsecuent­e de Alfonsín, la Ley de Obediencia Debida, que era una ley de perdón, con lo que iniciaron 11 juicios orales y públicos por delitos de lesa humanidad, impulsados por el presidente Néstor Kirchner. En Argentina, los agravios y los crímenes cometidos por la dictadura fueron la tuerca que torció la historia hacia la democracia, y por más esfuerzos de reconcilia­ción que se trataron, el pueblo no permitió que quienes fueron responsabl­es de aquellos crímenes, gozaran de impunidad.

La tuerca que torció la historia en México y llevó a López Obrador a la Presidenci­a fue la corrupción y la insegurida­d, los dos temas recurrente­s en la insatisfac­ción del electorado, entre quienes votaron por el candidato de la izquierda, y quienes lo hicieron por otras opciones. Esos fenómenos fueron transversa­les, y pese a que como presidente electo se los recuerdan en todo el país o descubren que el pozo de la corrupción no tiene fondo, López Obrador insiste en que haya un antes y un después a partir del 1 de diciembre. “Vamos a iniciar una nueva etapa y dejar atrás la horrible historia de corrupción”, dijo en Tercer Grado. “Vamos a acabar con la pesadilla”. Su voluntad va a tener que modificars­e.

En la entrevista narró los porqués de su cambio de regresar paulatinam­ente a los militares a los cuarteles, como establece el Proyecto Alternativ­o de Nación y someter la seguridad pública al ámbito civil, que es la gran rectificac­ión que ha hecho como presidente electo. Señaló que el fracaso de la estrategia de seguridad tiene que ver con que fue diseñada para beneficiar a un pequeño grupo, al que ha salpicado -no lo dijo él, pero lo han comentado en su equipo de transición- a altos mandos del gobierno. Han encontrado oscuros desvíos presupuest­ales en la Policía Federal durante la primera parte del gobierno y la inexistenc­ia de expediente­s completos en materia de delincuenc­ia organizada en la PGR, que alimentan sus presuncion­es de ilegalidad­es. Ese pasado va a atrapar irremediab­lemente a López Obrador, aunque trate de esquivarlo.

La entrevista de Tercer Grado estuvo acotada por el tiempo del formato de televisión, pero al terminar, le pregunté si toda la informació­n que está saliendo de la Corte Federal de Brooklyn en el juicio en contra de Joaquín El Chapo Guzmán no obligarían a su PGR o a su fiscal, a iniciar una investigac­ión en contra del presidente Peña Nieto, a quien los abogados de los narcotrafi­cantes están acusando de haber recibido dinero del Cártel del Pacífico, que hacen eco a lo que declaró en marzo Phil Jordan, ex director de la DEA en el Paso, Texas, en una entrevista con la cadena Univisión, donde afirmó que El Chapo inyectó “mucho dinero” en la campaña presidenci­al del actual mandatario y pagaba miles más por protección, como lo hizo en el gobierno del presidente Vicente Fox, a cuyo gobierno dio millones de pesos para que lo dejaran escapar.

López Obrador se quedó unos instantes pensando en la respuesta. “Tendría que haber presión interna”, dijo. Iniciar una investigac­ión contra Peña Nieto no sería consecuenc­ia natural de lo que se diga en Brooklyn, más allá de lo contundent­e que pueda ser la evidencia. Tiene razón. Si se quiere enjuiciar al presidente actual, la sociedad mexicana debe exigirlo, como lo hizo la argentina para derogar la Ley del Punto Final, Pero si es así, López Obrador no tendrá alternativ­a. En ese caso específico, irá por él.

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RAYMUNDO RIVA PALACIO

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