EPN, ¿en la ruta de ser enjuiciado por su sucesor?
De acuerdo con el periodista Raymundo Riva Palacio, el futuro presidente de la República Andrés Manuel López Obrador tendría la intención de abrir una investigación al actual presidente, Enrique Peña Nieto, a partir de las afirmaciones realizadas por el abogado de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, de que su cliente pagó sobornos al titular del Ejecutivo Federal.
En su habitual colaboración editorial, publicada hoy en nuestras páginas, Riva Palacio afirma que el próximo titular del Ejecutivo “irá por él” –refiriéndose a Peña Nieto– porque en un programa televisivo no fue claro al responder cómo actuaría en relación con las acusaciones surgidas en Nueva York en el juicio al cabecilla del Cártel de Sinaloa.
“López Obrador se quedó unos instantes pensando en la respuesta”, afirma el columnista, para que enseguida AMLO señalara “tendría que haber presión interna”. Riva sostiene que para iniciar una investigación contra Peña Nieto no sería consecuencia natural de lo que se diga en Brooklyn, más allá de lo contundente que pueda ser la evidencia.
Se trata, desde luego, de una especulación y no de un hecho. Pero no se trata de una especulación cualquiera, sino de las conclusiones de un periodista que no se dedica simplemente a lanzar disparos al aire.
Las conjeturas que Riva Palacio realiza en su columna de hoy no pueden ser tomadas a la ligera, sino que deben ser analizadas en el contexto de una transición atípica: porque incluso en la transiciones de 2000 y 2012 la “lejanía ideológica” entre el partido que entregaba el poder y el que lo recibía no implicaba la distancia que claramente se percibe ahora.
Ciertamente el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ha dicho que no “perseguirá” a sus adversarios políticos e incluso ha sostenido una relación cordial con el actual titular del Ejecutivo. Pero eso no quiere decir que tendría que “ignorar” cualquier señalamiento en torno a posibles acuerdos extralegales entre el poder público y la delincuencia organizada.
En todo caso, lo notable no tendría que ser la arista política del tema sino la de carácter jurídico. En este sentido, lo relevante es preguntarse cuál es la fuerza legal de los señalamientos realizados por el abogado de “El Chapo” Guzmán en la corte de Nueva York y cuáles son los elementos objetivos de tales señalamientos.
Está claro que la defensa del sinaloense lo que pretende es diluir la responsabilidad de Guzmán en los delitos que se le imputan en los Estados Unidos, y que con este propósito han planteado como parte de dicha estrategia la idea de que el “verdadero” cabecilla del Cártel de Sinaloa ha pagado millonarios sobornos al gobierno mexicano.
Que tal hecho sea cierto es algo que está por verse. Pero sin duda se trata de un apetitoso bocado para la futura administración federal, cuyo titular podría utilizar la especie para consolidar su posición política.
Habrá que estar atentos a la evolución de los acontecimientos y, sobre todo, a que los hechos no se utilicen con propósitos políticos sino estrictamente jurídicos, pues de lo que se trata no es de que alguien se beneficie políticamente de los pecados ajenos, sino de que la sociedad no esté representada por individuos que actúan de espaldas al estado de derecho.