Vanguardia

Afrontará una causa penal

La Agencia Tributaria concluye que debió pagar sus impuestos

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Shakira tendrá que afrontar, una causa penal por fraude fiscal. La Agencia Tributaria cerró su investigac­ión sobre las cuentas de la cantante colombiana y concluyó que, entre 2012 y 2014, defraudó presuntame­nte 16.5 millones de dólares a Hacienda con los impuestos de la renta (IRPF) y patrimonio. La fiscalía, que investigó el caso durante el último año, notificó ya a la defensa de la artista que rechaza darle carpetazo, lo que significa que en los próximos días presentará una querella ante el juez por tres delitos de fraude fiscal, según avanzaron a fuentes cercanas al proceso.

La clave de la investigac­ión sobre Shakira Isabel Mebarak Ripoll radica en saber dónde fijó su residencia fiscal al menos desde 2011, cuando se hizo pública su relación con el defensa del Barça Gerard Piqué. En su contundent­e informe final, la Agencia Tributaria sostiene que desde entonces vivía en Barcelona. La ley establece que, si un ciudadano pasa la mitad del año en España, se le debe considerar residente a efectos fiscales. Tiene que tributar en concepto de IRPF por los ingresos que obtiene en todo el mundo. Y hacerlo al tipo máximo, que ha variado con los años pero que, para las rentas más altas, se sitúa cerca del 50% de los ingresos. Según Hacienda, Shakira simuló vivir en Bahamas para eludir el pago de impuestos.

Los inspectore­s trataron de acreditar la residencia de Shakira mediante múltiples procedimie­ntos. Examinaron su vida cotidiana: visitaron los establecim­ientos a los que acude con frecuencia —como su peluquería habitual, en Barcelona— y rastrearon su actividad en redes sociales como Instagram. El informe admite que en ninguno de los tres años bajo investigac­ión (2012, 2013 y 2014) se pudo probar que pasara en el país más de la mitad del año. El que más se acerca a ello es 2014, con 140 días. La Agencia Tributaria, de todos modos, la considera igualmente residente porque el resto del tiempo tuvo “ausencias esporádica­s” motivadas por su trabajo.

Fuentes de la defensa se muestran en total desacuerdo con el criterio fijado en este caso por Hacienda. Las “ausencias esporádica­s”, reguladas por el artículo 9 de la ley tributaria, se habían aplicado hasta ahora a los españoles que pretendían (y fingían) establecer­se en otro país, por ejemplo Andorra, para pagar menos impuestos. Esas fuentes recuerdan, a modo de ejemplo, los casos de la soprano Montserrat Caballé o de la tenista Arantxa Sánchez-vicario. “Es la primera vez que se interpreta de esta forma. Primero tendrían que haber probado que vivía aquí, y no lo han hecho”, relatan fuentes de la defensa, que lamentan la decisión de la fiscalía de no archivar la causa y elevarla a la vía penal. Opinan que se trata de un asunto de “interpreta­ción técnico-jurídica” que debió haberse zanjado en vía administra­tiva.

En sus explicacio­nes a Hacienda, Shakira dijo que residía en Bahamas, donde en 2004 compró una casa con su expareja Antonio de la Rúa. En 2013, recuerdan fuentes cercanas a la artista, pasó medio año grabando en Estados Unidos el programa “La Voz”. No fue hasta finales de ese año cuando decidió comprar una casa en Esplugues de Llobregat, junto a Barcelona. Shakira se declaró oficialmen­te residente en España en 2015.

En enero de 2018, la Agencia Tributaria remitió un informe a la fiscalía de delitos económicos de Barcelona, que abrió diligencia­s de investigac­ión. Tras aquel anuncio, los asesores de la cantante decidieron abonar 22.8 millones de dólares para saldar las cuentas con Hacienda relativas al año 2011, ya prescrito penalmente. Lo hicieron no porque admitieran el fraude, sino como paso necesario para regulariza­r la situación. Sobre los años posteriore­s, los abogados han mantenido intensas negociacio­nes con la inspección de Hacienda con el objetivo de cerrar el caso en la vía administra­tiva. Esas negociacio­nes llevaron a la fiscalía a dictar una prórroga. Hace unos días, y tras examinar a fondo el último informe, la fiscalía rechazó la petición de la defensa de archivar el caso, por lo que instará a que se abra una causa penal.

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La Hacienda española. Reclama a la intérprete impuestos porque asegura que vivía en España desde 2011.

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