TELARAÑAS
A la memoria de Martí Soler, un gran editor
Una columna que mantiene al crimen organizado, es el arropamiento que recibe de políticos y empresarios. La capital reúne condiciones idóneas para desnudar y desmontar complicidades.
Entre los vástagos de la Revolución Mexicana, está el político-empresario que se aprovecha del cargo para hacer negocios que incluyen, en algunos casos, al crimen organizado. Entre los emprendedores en este tema, destacan un general y un coronel.
Cuando el general Abelardo L. Rodríguez gobernaba lo que ahora es Baja California, fue acusado por el periódico El Monitor de Mexicali de recibir “moches” de los dueños de casinos y de que el “negocio de las drogas estaba en manos de íntimos del gobernador”. El general enfureció y enfrentó las críticas dándole una golpiza al director del diario y prohibiendo su circulación por “contra revolucionario”.
Pasaron los años y, en un informe de 1950, el Ministerio de Relaciones Exteriores británico habló de la corrupción que caracterizara al círculo cercano de Miguel Alemán, presidente que según los ingleses “amaba el placer y tenía una moral poco escrupulosa”. Sobre el poderoso coronel y líder de la Gran Comisión del Senado, Carlos I. Serrano se decía que era el “más siniestro, del nefasto gabinete informal del presidente. Se sabe que está involucrado en el tráfico de drogas y en la trata de personas”.
Es probable que el general y el coronel fueran víctimas de infundios y que fueran inocentes de acusaciones tan serias. Lo ignoramos, porque aun cuando los presidentes Plutarco Elías Calles y Miguel Alemán fueron informados de las actividades de ambos, jamás ordenaron una investigación a fondo para inculparlos o exonerarlos. La displicencia hacia la corrupción era un rasgo común en la “familia revolucionaria”.
Don Jesús Silva-herzog, un protagonista de la expropiación petrolera con fama de honesto, reconoce en uno de sus libros que el general Rodríguez tenía “debilidad por las casas de juego” y que, siendo presidente interino, había sido socio de dos casas de juego (entre ellas, el famoso Casino de la Selva) que su mismo gobierno había autorizado. Silva Herzog minimizaba el conflicto de interés diciendo que era un “pecado venial ante lo positivo” de su trabajo como jefe del Ejecutivo entre 1932 y 1934.
Aprovechándose de la negación y de la protección, los criminales se infiltraron como humedad por todo el cuerpo político, social y económico. Los medios cumplieron con su tarea y mencionaron a presuntos cómplices en la política y la iniciativa privada; denuncias que jamás fueron atendidas por la autoridad. Desconocemos por tanto la densidad, profundidad y métodos de ese tejido de telarañas. Las agencias de investigación estadounidenses tampoco las han estudiado a fondo y, si lo hicieron, se ignoran los resultados.
En estos momentos se discute en la sala de mandos de Morena, la conveniencia de olvidar la corrupción pasada para centrarse en la construcción del futuro. Sería absurdo que amnistiaran a los políticos y empresarios corruptos que sirven de sustento a los violentos. En la lógica de una guerra contra el crimen organizado, Morena tiene, en la Ciudad de México, condiciones muy favorables para una ofensiva contra estas redes.
En la capital es posible una coordinación estrecha entre la federación, el gobierno de Claudia Sheinbaum y las 11 alcaldías donde Morena es gobierno; es la entidad con la mayor densidad de capital social positivo de todo el país y, es un territorio relativamente pequeño, en donde el crimen organizado todavía no está totalmente consolidado.
En la Ciudad de México, los gobiernos de Morena pueden experimentar con diferentes combinaciones de fuerza, prevención del delito y construcción de tejido social. Pueden desmantelar las telarañas políticas y empresariales que protegen a los criminales. En lugar de quedarse en los peones, es el momento de un asalto a la cúspide de la pirámide.
Una manera de hacerlo, sería investigar las razones por las cuales Miguel Ángel Mancera negó, con tanta vehemencia, que hubiera crimen organizado en la capital. Debe establecerse si la negación facilitó la expansión delincuencial y si el ahora senador debe ser exonerado o responsabilizado de encubrimiento y connivencia. Sería un gravísimo error que Morena aplicara el punto final a esas telarañas de complicidades que han permitido la criminalidad que desangra al país.