Jorge Torres y el ‘efecto dominó’
La noticia de la semana –al menos para los coahuilenses– ha sido, a no dudarlo, el arresto del exgobernador interino de Coahuila, Jorge Torres López, a pedido de autoridades de los Estados Unidos quienes le declararon prófugo de la justicia desde hace casi cinco años. Poco después de la detención, ocurrida en el estado de Jalisco, un juez federal sujetaría a Torres López a un proceso con fines de extradición y el gobierno estadounidense formalizaría la petición para colocar, al también exalcalde interino de Saltillo, en el banquillo de los acusados de una corte de Texas.
La relevancia de su captura estriba, como lo sabe todo mundo, en el papel jugado por Torres López en la trama conocida como la “megadeuda”, escándalo instalado desde hace más de siete años entre nosotros, luego de conocerse, entre otras cosas, el uso de decretos falsificados para contratar parte de la deuda heredada por la administración de Humberto Moreira.
Desde el estallido mismo del escándalo todo mundo ha sospechado –y con buenas razones– lo obvio: al menos una parte del dinero de los créditos ilegalmente contratados habrá servido para la creación o incremento de fortunas privadas en manos de funcionarios públicos.
Pese a la sospecha –y a la acumulación progresiva de evidencia– ninguna autoridad mexicana –ni estatal de Coahuila, ni del orden federal– ha considerado necesario iniciar una investigación orientada a identificar a quienes cometieron actos ilícitos en esta historia y/o se beneficiaron de ellos.
En los Estados Unidos, a diferencia de lo ocurrido en nuestro País, las autoridades no se conformaron con la sospecha y decidieron investigar, luego de notar la existencia de adquisiciones inmobiliarias y cuentas bancarias cuyo origen parecía ilegítimo o, para decirlo en buen cristiano, sólo podían explicarse a partir de la realización de actividades ilegales.
¿Cuál es la punta de la madeja de la cual han tirado desde hace un lustro las autoridades estadounidenses? La respuesta es simple: si usted deposita millones de dólares en un banco, o si adquiere propiedades cuyo valor se establece a partir de las siete cifras, sólo puede haber dos explicaciones para ello: o usted posee una fortuna legítima o está intentando “lavar” dinero.
La disyuntiva se resuelve de forma igualmente sencilla: si usted posee una fortuna legítima eso es algo muy fácil de probar. Y si no… ¡también!
Para decidir en cuál lado del espectro se ubica quien de pronto aparece con millones de dólares en los bolsillos basta hacer las preguntas correctas: ¿cómo obtuvo usted el dinero?; ¿a qué actividades se dedica y dónde están los activos de los cuales derivan las ganancias?
Y aquí es donde la historia se vuelve difícil de explicar para las autoridades mexicanas, pues incluso un observador distraído y miope es capaz de advertir lo evidente: los fiscales estadounidenses armaron sus casos contra Javier Villarreal y Jorge Torres López, sin la ayuda de las autoridades coahuilenses; sin la colaboración de las autoridades hacendarias mexicanas y sin tener a su disposición los archivos gubernamentales de Coahuila.
¿Cómo puede explicarse entonces la inacción de quienes, de este lado de la frontera, son responsables de investigar, perseguir y castigar los delitos si, a diferencia de los gringos, acá se tiene todo para demostrar la existencia de los ilícitos ampliamente ventilados por las autoridades estadounidenses?
Con independencia de lo anterior, los hechos concretos a la fecha son: Javier Villareal se entregó en Estados Unidos en 2014 y en septiembre de ese año se declaró culpable de tres cargos penales; y Jorge Torres fue detenido el martes anterior, tras lo cual enfrenta un proceso cuya conclusión más probable es su extradición, con todo y el amparo tramitado para impedirlo.
La pregunta es obvia: la confesión de Javier Villarreal y el arresto de Jorge Torres, ¿bastan para esclarecer los ilícitos presuntamente cometidos en torno a la “megadeuda” coahuilense? A despecho del deseo mayoritario es necesario decir la respuesta sin ambigüedades: no.
Y esto es así, porque las autoridades de los Estados Unidos no están investigando la “megadeuda” y porque la investigación, persecución y castigo de los delitos cometidos en Coahuila corresponde a las autoridades locales, es decir, a la Fiscalía General y al Poder Judicial de Coahuila.
En última instancia, dichas tareas pueden ser asumidas por la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial de la Federación, autoridades cuya actuación también se ubica, para decirlo en términos benevolentes, lejos de la eficacia mostrada por sus pares estadounidenses, pese a contar con todos los elementos para cumplir su función.
El arresto de Jorge Torres, sin embargo, podría ofrecer motivos para documentar el optimismo, pues al menos las autoridades federales de México parecieran decididas a modificar la actitud mantenida en los últimos años.
Veremos si los eventos del futuro próximo confirman la sospecha, es decir, si ahora sí, las autoridades de nuestro país se deciden a seguir el ejemplo de las de Estados Unidos.
Si eso pasa, entonces veremos el “efecto dominó” vaticinado hasta ahora por algunos como un deseo, pero con muy poco asidero en la realidad.