Prescriben en un año quejas contra Estado por daños
Los ciudadanos coahuilenses que sufran daños materiales o perjuicios derivados de actos administrativos públicos irregulares realizados por los entes públicos, tendrán derecho a ser indemnizados, siempre y cuando denuncien el hecho hasta en un año posterior al hecho, pues en ese tiempo prescribirá.
El Congreso del Estado estudia una iniciativa que envió el Ejecutivo del Estado para crear una nueva Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, misma que busca proteger al ciudadano para que sea indemnizado cuando sufra de algún daño personal o patrimonial por una omisión de los entes públicos.
“Resulta conducente e impostergable que se expida la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado de Coahuila de Zaragoza, a fin de establecer las bases, límites y procedimientos para que los particulares ejerzan el derecho a la indemnización por daños y perjuicios que se generen con motivo de la actividad administrativa pública irregular del Estado o de sus municipios”, indica la propuesta.
La iniciativa estipula que el derecho a reclamar indemnización prescribe en un año, mismo que se computará a partir del día siguiente a aquel en que se hubiera producido la lesión patrimonial, o a partir del momento en que hubiesen cesado sus efectos lesivos, si fuesen de carácter continuo.
Según la propuesta, las indemnizaciones únicamente corresponderán a la reparación de los daños personales y morales, así como a los perjuicios ciertos y actuales que sean consecuencia inmediata y directa de la actividad administrativa irregular de los entes públicos.
“Se establece la posibilidad de contratar un seguro por responsabilidad patrimonial para hacer frente a las obligaciones que por esta causa se generen a cargo del ente público y con ello proteger el erario frente a dicha contingencia”, señala la propuesta.
La iniciativa dice que la indemnización no procederá en casos fortuitos o de fuerza mayor, cuando los daños no sean consecuencia directa de la actividad administrativa irregular, cuando la afectación sea causada por servidores públicos que no actúen en ejercicio de funciones públicas, entre otras.