VAN CONTRA EXPRESIDENTE DEL TSJE POR ‘FICREAZO’
Órgano fiscalizador señala a Gregorio Pérez Mata, así como tres exfuncionarios, por la fallida inversión
La Auditoría Superior del Estado (ASE) va a través de la vía penal en contra de cuatro exfuncionarios del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), incluido el expresidente Gregorio Pérez Mata, por la fallida inversión en Ficrea.
En la denuncia penal presentada ante la Fiscalía Anticorrupción, desde agosto del año pasado, pero dada a conocer en los últimos días, se señala haber encontrado irregularidades en el manejo del dinero del Fondo de Mejoramiento para la Administración de la Justicia, omisiones por parte de los administradores, y falta de interés por parte del Consejo de la Judicatura y la presidencia del Poder Judicial, para advertir del peligro que había al invertir en una Sociedad Financiera Popular.
Los nombres que aparecen en la denuncia son los del ex magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Gregorio Alberto Pérez Mata, así como María del Carmen Ibarra Vázquez, ex directora de Recursos Financieros de la Oficialía Mayor, y el auditor interno, Salvador Balderas Rangel, a quienes se les atribuye avalar a Ficrea para realizar inversiones del Fondo de Mejoramiento para la Administración de la Justicia el 8 de septiembre de 2010; de igual manera se señala la participación en algunos asuntos del ex Oficial Mayor, Héctor Alvear.
De acuerdo con la demanda de la ASE, el Tribunal Superior de Justicia no sólo abrió una, sino dos cuentas irregulares en Ficrea, la primera por un monto de 90 millones 56 mil 608.98 pesos ahorrados en el período de 2010 al 2014, que generaron intereses por 25 millones 902 mil 813.85 pesos, de los cuales los cuales 6 mil 298.60 pesos quedaron pendientes de cobro.
La segunda cuenta está más cuestionada, porque la ASE asegura que se invirtieron recursos del presupuesto del Tribunal: durante los ejercicios 2013-2014 cerraron con un saldo de 35 millones 588 mil 961.11 pesos y 3 millones 965 mil 590.28 pesos generados de intereses, así como un millón 286 mil 918.17 pesos de intereses que no se llegaron a cobrar por la intervención de Ficrea por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Para la ASE “el presunto daño patrimonial” fue de 126 millones 938 mil 787.40 pesos, aunque hasta ahora se han hecho recuperaciones, de las cuales el Tribunal Superior de Justicia sólo ha hecho mención, pero no lo ha demostrado con fichas de depósitos o cualquier otro documento oficial.
La ASE encontró que hubo omisiones, violaciones y descuidos en lo que respecta al a Ley de Ahorro y Crédito Popular, porque los dos contratos celebrados por Ficrea y el Tribunal Superior de Justicia de Coahuila no eran los correctos para el nivel de gobierno.
El Tribunal Superior de Justicia no mostró evidencia, señala la ASE, de que los contratos firmados con Ficrea estuvieran de manera pública en el Registro de Contratos de Adhesión.
Se advirtió que la intervención de dos empresas más a parte de Ficrea en el manejo de los recursos invertidos: Baus and Jackman Leasing, SA de CV, y Leadman Trade, SA de CV, por lo cual los administradores de las inversiones y del Fondo de Mejoramiento para la Administración de la Justicia debieron tomarlo como alerta.
Los integrantes del Consejo de la Judicatura, que sería el órgano vigilante de la administración del dinero del Fondo, nunca recibieron informes sobre las inversiones y sus ganancias; tampoco lo solicitaron.
Además hubo irregularidades en el registro de los intereses generados por las inversiones en Ficrea y cuando se realizó la auditoría al Tribunal se omitieron documentos y otros más se presentaron en copias simples.
Estamos recabando todos los indicios que se puedan. Son hechos que se presentaron desde 2012 y 2013, y estamos recabando esa información”. Jesús Homero Flores Mier, fiscal anticorrupción.
Desde agosto del 2018 la Fiscalía Anticorrupción de Coahuila investiga por la vía penal el caso Ficrea, tras una denuncia interpuesta por la Auditoría Superior del Estado (ASE), en contra de quien resulte responsable por una presunta ilegal inversión de 126 millones de pesos del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).
“El estatus en el que se encuentra esta denuncia es que estamos recabando información y se están llevando las diligencias correspondientes, referente al asunto de Ficrea”, confirmó el fiscal anticorrupción en el Estado, Jesús Homero Flores Mier.
El 7 de noviembre de 2017, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció la intervención de la Financiera Popular Ficrea, por sospechas de lavado de dinero y los ahorros de 6 mil personas, empresas e instituciones, que tenían más de 6 mil millones de pesos en fondos, quedaron congelados.
A partir de la Cuenta Pública 2014, la ASE tomó conocimiento de los hechos: el Tribunal Superior de Justicia de Coahuila había invertido alrededor de 126 mdp del Fondo para el Mejoramiento de la Administración de la Justicia, en el cual se ingresan los pagos de multas y fianzas.
De acuerdo con Jesús Homero Flores Mier, la Auditoría Superior presentó una denuncia penal en contra de quién o quienes resulten responsables por la fallida inversión en la Financiera Ficrea desde el mes de agosto de 2018, cuatro años después de que se tuvo conocimiento de la pérdida de los fondos por el congelamiento de las cuentas de Ficrea.
Por la vía administrativa, el Consejo de la Judicatura, desechó cualquier responsabilidad y castigo de los funcionarios públicos del TSJE relacionados directamente con los depósitos de dinero del Fondo para el Mejoramiento de la Administración de la Justicia a Ficrea.
PUNTOS RELEVANTES
El 25 de noviembre de 2015, el Consejo de la Judicatura emitió un acuerdo con dos puntos relevantes sobre el caso Ficrea: “Que no existe nexo de conductas de funcionarios públicos dependientes de la Administración de Justicia, con el estado actual en el que se encuentran los recursos invertidos en Ficrea”.
Y dos: Que existieron hechos que resultan ser constitutivos de probables faltas, en lo que pudiera haber incurrido la Directora de Recursos
Financieros, dependiente de la Oficialía Mayor. Sin embargo, no es factible turnar el asunto a la instancia con facultad disciplinaria para que determine en el ámbito de sus facultades de esta índole, lo concerniente al caso, en virtud de que la Directora de Recursos Financieros ha dejado definitivamente el cargo que venía desempeñando dentro del Poder Judicial del Estado y de acuerdo al artículo 200, último párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza, se establece que cuando a quien se atribuya la comisión de una falta, por cualquier motivo deje definitivamente el cargo, el procedimiento se declarará sin materia, cualquiera que sea el estado en que se encuentre”.
Es decir, ni siquiera castigos administrativos se han impuesto, pues se dio a conocer en diciembre de 2015 las renuncias de la Directora de Recursos Financieros, María del Carmen Ibarra Vázquez, y el Oficial Mayor, Héctor Alvéar. Sin embargo ni el expresidente del Tribunal Superior de Justicia, Gregorio Alberto Pérez Mata, ni ningún otro funcionario, fueron señalados con responsabilidad.