Auditoría Superior: ¿más vale tarde que nunca?

¿Por qué nadie había dicho nada en torno a la existencia de una petición tan relevante como ésta? ¿Por qué se tardó tanto tiempo la Auditoría Superior del Estado en plantearle a la Fiscalía Anticorrupción la necesidad de armar un caso como éste?

El “escándalo Ficrea” estalló hace poco menos de cinco años. Casi de forma inmediata se supo que uno de los “damnificados” con el fraude cometido por el principal accionista de la Financiera era el Poder Judicial de Coahuila, en donde se tomaron decisiones que resultaron en la pérdida de más de 125 millones de pesos.

Desde que el caso fue ventilado públicamente quedó bastante claro que la decisión de “jugar a la ruleta bursátil” implicaba violar la ley, entre otras cosas porque la Comisión Nacional Bancaria y de Valores había advertido con suficiente anticipación a las instituciones como Ficrea que no podían aceptar depósitos de entidades públicas.

Sin embargo, el Poder Judicial de Coahuila -alguien dentro del Poder Judicial de Coahuila- decidió que había que aprovechar la oportunidad de ganancias fáciles -quién sabe con qué propósito- y aceptó suscribirse a un mecanismo de burla de la ley, constituyendo un fideicomiso, a través de una institución bancaria, que le permitió invertir en Ficrea.

No se trata de sospechas ni de especulaciones, sino se hecho ampliamente documentados que apuntan de forma clara en la dirección del expresidente del Tribunal Superior de Justicia, Gregorio Pérez Mata, así como de quienes tuvieron a su cargo la administración del Poder Judicial en la época.

Pese a ello, como suele ocurrir con el Poder Judicial, no solamente no se hizo nada para investigar en su momento, sino que Pérez

Mata pudo tramitar su jubilación y hoy es uno de los beneficiarios de las generosas pensiones que el TSJE otorga a una selecta élite de sus exintegrantes.

Para nuestra sorpresa, hoy nos enteramos que la Auditoría Superior del Estado ha interpuesto una denuncia penal en contra de Pérez Mata y otros tres exfuncionarios del TSJ, a quienes responsabiliza de daño patrimonial por el “caso Ficrea”.

Y para mayor sorpresa, resulta que la denuncia fue presentada en agosto de 2018, es decir, hace casi un año, pero había sido “convenientemente” mantenida en “secreto”. Y decir convenientemente no es un exceso, pues bien sabido es que cuando “conviene” a las autoridades estatales, la simple existencia de una carpeta de investigación se publicita ruidosamente.

¿Por qué nadie había dicho nada en torno a la existencia de una petición tan relevante como ésta? ¿Por qué se tardó tanto tiempo la Auditoría Superior del Estado en plantearle a la Fiscalía Anticorrupción la necesidad de armar un caso contra Gregorio Pérez Mata y compañía?

Se trata de preguntas que demandan una respuesta puntual de parte de la Auditoría Superior de Armando Plata e incluso de la Fiscalía General de Gerardo Márquez, pues de la misma forma que ha ocurrido con otros emblemáticos casos de corrupción, pareciera que aquí se ha actuado de forma conveniente a los intereses de quienes presuntamente causaron un quebranto a las finanzas estatales.

Habrá que seguir con atención el caso pues, aunque la voz popular advierte con sabiduría que “más vale tarde que nunca”, el sólo hecho de que se presenten las denuncias penales no es garantía de castigo a las conductas ilegales cometidas.