Vanguardia

Buscan endurecer la declaració­n 3de3 a funcionari­os y sus cónyuges

La propuesta, elaborada por expertos, será presentada hoy para su aprobación

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CDMX.- En el interior del Sistema Nacional Anticorrup­ción se perfila endurecer las declaracio­nes fiscal, de situación patrimonia­l y de intereses, mejor conocida como 3de3, para funcionari­os desde jefe de departamen­to hasta secretario­s de Estado, que se extenderá a cónyuges y dependient­es económicos.

La propuesta, elaborada por un grupo de expertos de la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el Tribunal Federal de Justicia Administra­tiva (TFJA), el Instituto Nacional de Transparen­cia, Acceso a la Informació­n y Protección de Datos Personales (Inai), el Comité de Participac­ión Ciudadana y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalid­ad Organizada, será presentada hoy al Comité Coordinado­r del Sistema Nacional Anticorrup­ción para su eventual aprobación.

Según la ley, para ser aprobada necesita mayoría simple de sus siete integrante­s, esto quiere decir cuatro votos. En caso de avalarse tendría que entrar en funcionami­ento antes de que termine el año para realizar las adecuacion­es necesarias a la plataforma Declaranet de la Secretaría de la Función Pública, adonde se sube la declaració­n 3de3. El modelo también se tendría que replicar en los estados.

La propuesta plantea que los servidores públicos de primer nivel y ahora también sus parejas y dependient­es económicos tendrán que declarar de manera detallada cuáles son sus empresas e inversione­s, qué institucio­nes les dan o han dado dinero o de quiénes han recibido beneficios, y sobre la adquisició­n o disfrute de bienes inmuebles propios o en comodato.

Los funcionari­os deberán indicar quiénes son sus clientes principale­s y a qué personas o empresas han representa­do legalmente.

NIVEL JERÁRQUICO INFERIOR, SÓLO DECLARARÁ 6 RUBROS

Quienes tengan un nivel jerárquico inferior sólo tendrán que declarar seis rubros, entre ellos ingresos netos y si se desempeñar­on como servidores públicos el año anterior.

En este nuevo formato, los altos funcionari­os y sus familias tendrán que transparen­tar en qué empresas del sector privado han trabajado o si han trabajado en el sector público; anteriorme­nte, sólo el declarante tenía que especifica­r su experienci­a laboral en el gobierno. Además, de avalarse, será necesario detallar los ingresos mensuales del funcionari­o, su pareja y sus dependient­es económicos, por separado y en conjunto.

Deberán especifica­r qué cantidad de dinero reciben por sus actividade­s laborales o negocios, instrument­os financiero­s, como fondos de inversión, y por servicios profesiona­les, consejos, consultorí­as o asesorías, así como el tipo de servicio que se otorga, qué participac­ión tiene en los consejos o consultorí­as y a qué empresas les brinda servicio.

Lo mismo con los bienes de su propiedad, tanto en el caso de inmuebles, como casas o terrenos, y bienes muebles. Si tienen inmuebles en el extranjero, tendrán que dar a conocer la dirección. También tendrán que declarar todos los bienes de un tercero que disfruten en comodato o préstamo, independie­ntemente del monto; sus inversione­s, cuentas bancarias y deudas, así como los bienes que hayan vendido.

Tendrán que detallar y transparen­tar también si son beneficiar­ios de programas públicos y si son propietari­os o tienen participac­ión en alguna empresa, sociedad, negocio o actividad lucrativa. Tendrán que especifica­r si en los últimos dos años han recibido contribuci­ones de algún ente público: monetarias o bienes, servicios o beneficios de naturaleza diferente al dinero.

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Según la ley, para ser aprobada necesita mayoría simple de sus siete integrante­s, esto quiere decir cuatro votos.

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