Fallo de juez favorece a trabajadores; continúa conflicto entre Prodiel y Codisa
En medio del conflicto legal entre Prodiel y Codisa, empresas subcontratadas en las obras del Parque Solar Villanueva de Viesca, un juez determinó el no ejercicio de la acción penal que deja sin efecto la alerta migratoria contra once trabajadores ligados al parque, a quienes se les tendrán que regresar sus documentos migratorios después de que se les retuvieran meses atrás.
A través de un comunicado, la compañía española Prodiel anunció que el pasado mes de junio, autoridades judiciales de Coahuila emitieron una resolución de no ejercicio de la acción penal que favorece a sus intereses, a dos años de iniciada una controversia con la empresa Codisa, empresa también contratada para prestar sus servicios en el Parque Solar de Viesca.
Con la resolución, se deja sin afecto la alerta migratoria solicitada por las autoridades el 21 de marzo pasado y ordena que les sean devueltos sus pasaportes, visas o cualquier otro documento de nueve trabajadores extranjeros y dos mexicanos a los que se les habían retenido.
El conflicto entre ambas empresas se remonta al 2017, cuando concluyeron los trabajos para los que fueron contratados en el Parque Solar Villanueva. Codisa habría abandonado maquinaria en el sitio y alegó haber sido víctima de un acto de corrupción.
Prodiel aseguró ya haber depositado, en la Dirección General de Consignaciones de la Ciudad de México, 43 millones de pesos que figuran en el contrato con Codisa, sin embargo esta no los ha aceptado, pues consideran que los adeudos de Prodiel ascienden a casi 180 millones de pesos por sus servicios, así como
daños y prejuicios.
“Hasta el momento, los representantes de dicha compañía no han querido cobrar el pago, afectando de manera directa a los trabajadores de La Laguna y coordinando una estrategia paralegal de presión sobre Prodiel para tratar de obtener una cantidad mayor indebida”, dijo Luis Miguel Ramírez, asesor legal de Prodiel.
Ante esa situación, Prodiel interpuso una denuncia ante lo que consideran un acto de extorsión y presión ilegítima, lo que ya fue negado por Codisa.