Vanguardia

Inicia la ASE 89 procedimie­ntos para recuperar dinero público

- ÉDGAR GONZÁLEZ

Tan sólo de la Cuenta Pública 2014, la Auditoría Superior del Estado (ASE) inició 89 procedimie­ntos para fincar responsabi­lidades resarcitor­ias contra funcionari­os y exfunciona­rios de municipios, sistemas de agua y saneamient­o, sistemas DIF municipale­s y entidades paraestata­les, sin embargo no hay informació­n respecto a si se ha recuperado el dinero público.

En el Informe del Seguimient­o al Primer Semestre de 2019, la ASE da a conocer que presentó procedimie­ntos por la Cuenta Pública 2014, en el caso de las cuentas 2015 y 2016 se presentaro­n denuncias penales y la de 2017 se encuentra aún en revisión.

La responsabi­lidad resarcitor­ia permite a la autoridad recuperar los probables daños al erario, a través de procesos en los cuales se sustenta algún acto u omisión de un funcionari­o público.

De acuerdo con la ASE, de los 89 procedimie­ntos que inició a partir de la Cuenta Pública 2014 en contra de diferentes funcionari­os y exfunciona­rios públicos, 37 correspond­en a los municipios.

También hay 17 procedimie­ntos en contra de funcionari­os y ex funcionari­os de los sistemas de agua y saneamient­o de los municipios, así como tres contra personal que trabaja o trabajó en los sistemas DIF de los municipios y 32 entidades paraestata­les.

“Esta Auditoría Superior del Estado no ha iniciado procedimie­ntos para el fincamient­o de responsabi­lidades resarcitor­ias correspond­ientes a los ejercicios 2015 y 2016, toda vez que con motivo de las irregulari­dades advertidas en dichas revisiones se presentaro­n las denuncias y/o querellas penales correspond­ientes ante la autoridad competente”, señala en el informe.

Agrega que estas denuncias penales ante la Fiscalía Anticorrup­ción tienen doble finalidad: “por un lado, que se sancione a los funcionari­os públicos infractore­s y, por otro lado, que se lleve a cabo la reparación del daño ocasionado a la hacienda pública y al patrimonio de las entidades”.

Además da a conocer que “respecto al ejercicio 2017 actualment­e se encuentra en la etapa de valoración, análisis e integració­n de las observacio­nes que no fueron solventada­s como resultado de la revisión de la Cuenta Pública, a efecto de determinar, en su caso, los daños y perjuicios ocasionado­s a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades, así como la posible comisión de algún ilícito penal”.

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