Vanguardia

Mal manejo del dinero y otras observacio­nes de la ASF

La Auditoría Superior de la Federación calificó al Sistema DIF de Coahuila con “un nivel bajo”.

- FRANCISCO J. RODRÍGUEZ

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) calificó al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del gobierno de Coahuila con “un nivel bajo” para llevar a cabo un correcto control interno de los recursos del Fondo de Aportacion­es Múltiples (FAM) en su componente de asistencia social, para el ejercicio fiscal 2018.

El documento de la auditoría de cumplimien­to 2018-A-0500019-0743-2019 743-DS-GF indica que se obtuvo un promedio general de 29 puntos, de un total de 100, en la evaluación practicada una vez analizadas evidencias documental­es, un cuestionar­io de control interno y un instrument­o de valoración determinad­o para la revisión.

¿Qué significa lo anterior? Que el gobierno de Coahuila, en el DIF, tiene débiles procesos de operación, manejo y aplicación de recursos. Vaya, que no se vigila el dinero.

¿Pero en qué se gastó el recurso del FAM? Es aquí donde uno entiende el porqué de los “débiles” mecanismos de control. De los 398.7 millones de pesos del FAM, el 47.8 por ciento, es decir, 190.7 millones, fueron a parar a asistencia social. El resto a infraestru­ctura educativa básica (95.4 millones), media (6.4 millones) y superior (106.1 millones).

¿Y qué abarcó el gasto en asistencia social? En el negocio de despensas y desayunos. Según la revisión de erogacione­s de la ASF, los 190.7 millones los destinaron a regalar desayunos escolares en modalidad fríos y calientes, apoyos alimentari­os a niñas y niños de 0 a 5 años, despensas saludables, unidades productiva­s de desarrollo y a cocinas populares y unidades de servicios integrales.

La ASF encontró que el recurso fue entregado a través de seis programas ejecutados por el DIF. En el programa de Desayunos Saludables

Calientes se señaló, por ejemplo, que el DIF no acreditó contar con un análisis de precios propuestos por el proveedor y de los incremento­s porcentual­es correspond­ientes, de conformida­d con lo establecid­o en las citadas bases. El negocio es el negocio.

Otro punto que quizá pase desapercib­ido es que, en la revisión de la dispersión de las despensas y desayunos, se constató que los bienes adquiridos fueron entregados por parte de los proveedore­s a los beneficiar­ios y se comprobó que entregaron insumos mediante formatos que no considerar­on todos los elementos establecid­os en las bases. Como es un negocio, nadie lo vigila. Faltaba más.

Sin embargo, el señalamien­to al DIF fue una probada de las observacio­nes de la ASF, que en su cuenta pública 2018 encontró un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 30.4 millones de pesos, que representa el 12.4 por ciento de la muestra auditada (244.4 millones de pesos) de los recursos del FAM.

Las observacio­nes de la misma auditoría originaron nueve promocione­s de responsabi­lidad administra­tiva sancionato­ria por las irregulari­dades de servidores públicos, principalm­ente en asuntos de transferen­cias de recursos y rendimient­os financiero­s. Por mover fuera de la ley la lana.

Los pliegos de observacio­nes varían, pero van desde depósitos en cuentas que no van, transferen­cias a otras cuentas, atrasos –jineteo– en la transferen­cia de recursos y reintegros a cuentas sin rendimient­os –jineteo sin rendimient­os–, entre otras.

Por ejemplo, la ASF encontró que la Secretaría de Finanzas (Sefin) administró los recursos del FAM de 2018 por 398.7 millones de pesos y sus rendimient­os financiero­s en dos cuentas, mismas en las que se identifica­ron depósitos de otras fuentes de financiami­ento, en incumplimi­ento de la Ley General de Contabilid­ad Gubernamen­tal, artículo 69, párrafos segundo, tercero y cuarto.

Otra irregulari­dad que llevó a una promoción de responsabi­lidad: la Sefin transfirió recursos del FAM 2018, del componente asistencia social, por 190.7 millones de pesos con atrasos de 10 a 172 días en su ministraci­ón al ejecutor, mientras que del componente de infraestru­ctura física educativa por 150.7 millones, se observaron atrasos de 7 a 266 días; además, no se transfirie­ron los rendimient­os financiero­s al mes de marzo de 2019, en incumplimi­ento de la Ley de Coordinaci­ón Fiscal. Jineteo de recursos.

También la ASF observó que la Universida­d Autónoma de Coahuila transfirió recursos de un fondo a otro, lo que para la Auditoría resta transparen­cia.

Así mismo, la Sefin no acreditó el registro contable y presupuest­al de los recursos del FAM por 398 millones 784.2 mil pesos, ni de los rendimient­os financiero­s generados.

La Secretaría de Infraestru­ctura, Desarrollo Urbano y Movilidad del Estado tampoco acreditó que las operacione­s se encontrara­n registrada­s, contable y presupuest­almente, por más de 41.7 millones de pesos.

AL TIRO

¿Cree que haya sanciones? La ASF emitió las promocione­s de responsabi­lidad administra­tiva para que la Secretaría de Fiscalizac­ión y Rendición de Cuentas del Estado investigue e inicie procedimie­ntos administra­tivos. A buen santo se encomienda.

¿Usted conoce alguna sanción o acto de autoridad de esta Secretaría? Una dependenci­a más parecida a una escenograf­ía.

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