Vamos a acabar con la corrupción… ayudados por Bartlett
El Presidente acusó corrupción del pasado para justificar la decisión del director Manuel Bartlett y la secretaria Rocío Nahle de recuperar la discrecionalidad para consentir a la contaminante (y cara) generación de energía de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) contra las energías renovables. Escuchamos una argumentación que suena conocida: que si son empresarios abusivos, que si son contratos leoninos, que si es para poner orden porque hubo corrupción, corrupción, corrupción...
Un breve comparativo.
Opción A: la corrupción que acusa López Obrador. No hay duda que venimos de un régimen priista brutalmente corrupto, que rompió todos los récords y límites. Sin embargo, en particular para la asignación de estos contratos de energías limpias se realizaron tres subastas con reglas públicas y criterios de adjudicación que no fueron objetados, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Manual de Subastas de Largo Plazo, las subastas fueron abiertas, los participantes pudieron revisar el algoritmo que seleccionó las ofertas ganadoras y se dieron en eventos públicos que contaron con la participación de decenas de empresas nacionales e internacionales. Entre las tres subastas hubo casi mil ofertas y sólo 90 fueron adjudicadas. Quizá lo más sintomático de todo: no hubo ni una sola queja de corrupción por parte de las empresas perdedoras. De hecho, los resultados fueron avalados por el Instituto Politécnico Nacional y por Transparencia Mexicana. A esto se atribuye que se obtuvieron precios entre los más baratos del mundo (menos de 20 dólares/mwh en la última subasta) que se traducen en recibos de luz más baratos para los mexicanos. Lo anterior, sin considerar que antes de la reforma energética hubo contratos legados, autoconsumos y productores independientes de energía.
Opción B: la no corrupción de López Obrador. El “golpe eléctrico” del famoso Acuerdo para remonopolizar la generación de energía eléctrica se dio en lo oscurito, por sorpresa, en viernes en la noche, sin participación de nadie, apostando por la generación con carbón porque así lo cabildea un poderoso senador de Morena y deja todo… ¡en manos de Bartlett! ¿Dónde habrá más corrupción? ¿A o B? Lo que hemos visto con el famoso Acuerdo –el “golpe eléctrico”– es que se toma como pretexto la autoridad moral contra la corrupción y como cortina de humo la pandemia para pasar por encima de la ley y seguir avanzando el plan de renacionalización del sector eléctrico, que sistemáticamente ha ido dando pasos de manera muy planeada desde el inicio del Gobierno Federal actual.
La numeralia es abundante: el sector eléctrico requiere inversiones por 5 mil millones de dólares y CFE sólo puede proveer mil 500. ¿De dónde saldrá la diferencia en un momento de crisis en las finanzas públicas?
Si el gobierno quería reforzar a CFE –una gran idea, a la que tenía todo el derecho– sin agraviar a la inversión privada, pudo haber buscado mejorar en aquellas actividades en las que mantiene el monopolio: la transmisión, distribución y suministro de energía eléctrica. Y vaya que hay de dónde cortar: se sigue desperdiciando mucha energía en el camino, por no hablar de los recibos de luz inexplicables, un problema que se ha vuelto más notorio en la pandemia, con recibos de luz carísimos que llegan a negocios… cerrados.
Pero no, optaron por el golpe, por generar desconfianza y lo están logrando: en la última colocación de bonos que hizo el Gobierno Federal nos dieron tasas de interés de países sin grado de inversión, cuando oficialmente aún lo tenemos.
El problema no estallará de inmediato. Las plantas generadoras tardan tres-cuatro años en operar. Hoy hay luz por las inversiones que se hicieron en el sexenio pasado, pero desde que asumió el poder el presidente López Obrador, no ha habido una planta nueva grande. Esto pone en grave riesgo de escasez de energía eléctrica en la recta final del sexenio actual y el inicio del próximo.