Inseguridad alimentaria
La epidemia del coronavirus y sus efectos para la humanidad no tienen precedentes en la historia, las crisis se multiplican, obviamente está la de salud, la de desempleo, la económica y ahora se asoma la alimentaria; el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas señala que aún es tiempo de que la COVID-19 no evolucione en una pandemia de hambre.
Miguel Barreto, director del citado programa, informa que las personas que padecen inseguridad alimentaria, como los que laboran en la economía informal o las etnias de los pueblos originarios, urgentemente deben ser auxiliadas. En América Latina y el Caribe se presentan focos rojos, hay al menos 14 millones de pobladores vulnerables, éstos ya padecen inseguridad alimenticia. Barreto indica que se está a tiempo para evitar que 10 millones más se sumen a los ya afectados por la falta de alimentación.
Los estudios de prevención del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (WFP, por sus siglas en inglés), que dirige Barreto, estiman la comparación entre las evaluaciones de seguridad alimentaria realizadas en 2019 y el análisis de indicadores económicos tras el brote del COVID-19, y los resultados de encuestas realizadas en el 2020 para evaluar el impacto de la pandemia en el acceso a mercados, la seguridad alimentaria y los medios de vida dan un panorama poco alentador.
En este país, entre los estados mayormente afectados están: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y otros con numerosa población rural, me pregunto si los gobiernos municipales de Coahuila están atendiendo los ejidos alejados de las cabeceras del municipio, como Ramos Arizpe, General Cepeda, la Región Laguna y Sierra Mojada. ¿Quién los estará auxiliando?
Igualmente, Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), informó que la crisis por el coronavirus afecta con gravedad a toda la agroindustria que tendría un mayor impacto en el campo porque la epidemia podría bajar el crecimiento a 2.0 por ciento (cuando se esperaba que fuera del 4.5) y, si se prolonga, llevarlo a cero; la prolongación para todo el 2020 parece evidente.
La inseguridad, el impacto del COVID-19, los aumentos de costos en productos y la caída de precios internacionales podrían combinarse y provocar un desempleo de 20 por ciento en la agroindustria que cuenta con 14 millones de puestos laborales, lo que podría acarrear una crisis alimentaria, por lo que ya hay países que están frenando sus exportaciones, comprando para resguardarse y creando inventarios de alimentos.
El directivo de la industria agroalimentaria consideró que todos los agricultores han sido afectados por la crisis, porque las cadenas de suministro de alimentos están detenidas, lo cual indujo el aumento de precios de todos los productos provenientes de ese sector.
La inseguridad en el campo reporta asesinatos, cobros por derechos de producción, asaltos al transporte, robo de maquinaria y agroquímicos; sus habitantes son vulnerables porque están en zonas alejadas y, en muchos casos, a merced de la delincuencia organizada.
Durante este siglo, los alimentos han registrado alzas constantes, los productos básicos como la tortilla de maíz, el frijol, el arroz y otras leguminosas, además del huevo y el pan, han presentado aumentos constantes a pesar de que México es productor de frutas y legumbres, éstas están cada vez más fuera del alcance de la canasta básica de los estratos de la población de bajos ingresos.
La seguridad alimentaria es un derecho humano, sin embargo, en algunas zonas geográficas del País padecen hambrunas centenarias, el Estado debe atender a estos sectores, es urgente llegar a las zonas remotas para asegurar una alimentación suficiente. Es su derecho.