La derrota
A Jorge Herbey, a su memoria. Ganaste, guerrero.
El día de la justicia necesariamente debería de llegar. El Fondo de Pensiones de la Sección 38 del SNTE fue la caja chica de diversos secretarios generales y presidentes del Consejo, que fueron saqueándola sin la previsión de que llegaría un tiempo en el que este colapsaría.
Así, de este millonario y solvente fondo, fueron extraídas cantidades a discreción que se convertirían en: casas, camionetas, ranchos y vicios de los piojos resucitados (diría mi madre) que, de la noche a la mañana, pasaron de sus vochitos desconchinflados y sus casas de interés social a camionetas nacas y residencias de mal gusto que nunca negaron la cruz de su parroquia.
En los noventa, un gobernador llamó a cuentas a uno de los sinvergüenzas que fue salvado por las maniobras y el brazo protector de la Maestra.
Ese mismo gobernante después pactó una cantidad mensual para ir reponiendo el fondo estableciendo mecanismos de control de los dineros del estado y momentáneamente puso orden en la casa, con la amenaza de meter a la cárcel al que tocara esos centavos. (De hecho llevó a juicio a un profesor acusado de robo de autos a gran escala).
Pero llegó el profe bailarín, el Kalimán Moreira, al gobierno de Coahuila, y gracias a los oficios de su hermano Carlitos inició la trama: el saqueo inmisericorde del fondo de pensiones a fin de ir aprovisionando la campaña del dictador Rubén “N”, esto entre los años 2009 a 2011.
El juego fue sencillo: colocar a un monigote en el consejo de administración de apellido Núñez (que resultó igual de fichita) y mensualmente desviar a un grupo de cuentas bancarias el dinero suficiente para soportar una campaña política en contra del candidato del presidente Calderón. Se calcula en 9 mil millones de pesos el hueco que Carlitos perforó en el fondo, con el consiguiente colapso.
El clan Moreira se pensó inmortal, y cómo no, si había aportado miles de millones de pesos a la otra campaña de Peña Nieto, pero esa a través de los empréstitos ilegales de Beto el bailador, que le compraron la presidencia del PRI y la nominación de Rubén “N” sin mayor problema.
Luego vinieron los atropellos de esa pretendida inmortalidad cuando el dictador se deschavetó y pretendió que mediante decretos se podrían acallar las voces que clamaban por justicia.
Vinieron las leyes de pensiones y los
reglamentos que remitían la carga de las trapacerías a los profesores de a pie, incluyendo a los jubilados, mediante aumento de cuotas, pago de deducibles, restricción de servicios, dosificación de medicamentos, bueno, hasta un sátrapa de ellos obligó a los maestros a vender boletos para rifar automóviles. (Vaya cosa).
Los Moreira daban un golpe al gremio que más los apoyo y sobre todo de la manera más criminal: metiendo mano al fondo de los jubilados y pensionados.
Surgió entonces un grupo disidente de maestros que valientemente enfrentaron al dictador a costa de sacrificios ( uno de ellos falleció en el intento), llegando el movimiento a considerar ilusamente que Riquelme los escucharía y resolvería, sin embargo, se equivocaron, porque lo que menos hay en esta tierra es la “sana distancia” y entonces el dictador le ordenó a su gerente de negocios que siguiera “legislando” con las extremidades inferiores y publicó una nueva Ley del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación en la que fueron agregados copagos, convenios de pago con intereses y otras salvajadas a costa de los mentores.
La coalición se amparó y la primera sentencia se expidió en julio de 2017, en esa ocasión “la SCJN otorgó la razón a los maestros de la Coalición que impugnaron artículos de la ley que les cobraba los servicios médicos subrogados“, pero ese veredicto fue atacado por las huestes legales de Riquelme (el hoy “magistrado” Luis Efrén, la “magistrada” Sandra Rodríguez y la “doctora en educación” y cariñosa amiga Carmen Galván) para no acatar la resolución del amparo.
Pero gracias a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y al grupo de diputados locales (PAN, UDC y Morena) que respaldaron las Acciones de Inconstitucionalidad propuestas por la Coalición de Trabajadores de la Educación Pública de Coahuila fue que, el 25 de mayo de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucionales los indebidos copagos, convenios y planes contenidos en la Ley del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación vigente y derrotó a Riquelme y al clan de los Moreira que tanto daño hicieron a Coahuila.
Un acto de justicia que acarreará dolores de cabeza al gerente Riquelme que a estas fechas no ve lo duro sino lo tupido de seguir el capricho del dictador. Recuerde, ingeniero, que al decir de Tácito: “Para quienes ambicionan el poder no existe una vía media entre la cumbre y el precipicio”. ¡Ups!