La justicia constitucional local: retos y desafíos en Coahuila
El Centro de Estudios de Derecho Comparado y Procesal Constitucional me invitó durante la semana a dar una plática sobre el origen, evolución y situación actual de la justicia constitucional local. En realidad, me hizo recordar mis primeros trabajos sobre el control difuso (1998). Existen aún problemas de justificación, contenido y de práctica que no hemos superado.
El constitucionalismo local fue un discurso más de la transición política. Después del 2 de julio de 2000, los estados comenzaron a adoptar, para su régimen interno, algunas instituciones que eran vanguardistas para la Nación. Las reformas municipales, judicial y del derecho a la información, principalmente, fueron los temas de la agenda que posicionaron un nuevo debate federalista.
Las entidades competían. Se hicieron buenas leyes, pero no fue suficiente la implementación. La consolidación democrática exigía garantías institucionales para hacer realidad a las nuevas instituciones locales. De cualquier manera, la justicia constitucional local representa todavía una oportunidad a desarrollar en el federalismo judicial.
Desde 2001, Coahuila estableció la garantía del control judicial de la Ley Suprema Coahuilense. Era el inicio de la alternancia presidencial. Los estados, gobernados en su mayoría por el partido hegemónico diferente al presidencial, comenzaban a ensayar un nuevo federalismo por la vía legislativa. Era una primera respuesta a la competencia política: hacer buenas leyes.
Por azares profesionales, me tocó coordinar los trabajos de esas reformas en Coahuila. No fue fácil. Siempre hay resistencia al cambio. En particular, la justicia constitucional local tenía un serio opositor: el establishment judicial.
Pero el contexto político y la reforma del 115 constitucional obligo a las legislaturas de los estados ha establecer vías judiciales para resolver controversias del orden municipal. Jacinto Faya fue un jurista determinante para impulsar esa reforma municipalista que, por primera vez, creó un sistema de justicia constitucional.
Luego en 2005 me tocó coordinar los trabajos de la Ley de Justicia Constitucional Local. Otro destacado jurista, José Fuentes
García, fue clave para consensuar la nueva ley dentro del Poder Judicial. Con todas las reticencias naturales que había, mi maestro de amparo me ayudó a transitar el proyecto que elaboré como Coordinador Legislativo. El entonces diputado local, Ricardo López Campos fue fundamental para procesar las reformas en el Poder Legislativo.
Después de esta experiencia, confieso que no volví a escribir del tema ni tampoco participé en su práctica. Mi actividad se concentró en la academia. Desde el año pasado, sin embargo, como juez comencé a resolver cuestiones constitucionales que, como diseño local, me tocó conceptualizar.
Este primer año ha sido muy intenso. Mi posición minoritaria, principalmente, ha expresado 36 votos que en el fondo retoman mis ideas de la justicia constitucional.
NUEVO CONTEXTO
Existe una nueva pluralidad política. La 4T, los debates de la alianza federalista y las nuevas reformas que se discuten a nivel local y federal van a tener que repensar el modelo de justicia constitucional local.
Por un lado, el Ejecutivo de Coahuila ha presentado una iniciativa de reforma en materia de derechos humanos que plantea un nuevo papel del Tribunal Constitucional Local. Es también público que, en su momento como profesor de la Academia IDH me tocó participar en esta propuesta que la actual Directora General, la doctora Irene Spigno, le correspondió concretar con la participación de expertos nacionales e internacionales. Por el otro, la reforma federal que la semana pasada aprobó el Senado de la República plantea el deber local de resolver las cuestiones del orden municipal a través de su sistema judicial.
No creo que, por citar algunos casos, Rosendo Radilla o Mariana Lima tengan que esperar 10, 20 ó 30 años para tener justicia. Si esos fallos son emblemáticos son porque algún juez local no se tomó en serio la constitución. En lo personal, yo no voy a esperar a que la SCJN o la Corte IDH me tengan que decir lo que debí hacer como juez.
Siempre he pensado que las personas merecen un juez local que defienda los más altos valores de la libertad, igualdad y fraternidad. Desde mi posición judicial, trato de honrar ese compromiso. Soy de los que cree que “primero está la constitución para proteger la dignidad humana”. Esas creencias se dejan por escrito y en cada caso para que el pueblo juzgue a sus jueces.