Vanguardia

Rechazan pretensión de nueva licenciatu­ra de AIDH

- PALOMA GATICA

Luego de que la directora de la Academia Interameri­cana de Derechos Humanos (AIDH) de la Universida­d Autónoma de Coahuila, Irene Spingo, anunció una nueva licenciatu­ra en Derecho con énfasis en perspectiv­a en derechos humanos, los docentes de la Facultad de Jurisprude­ncia manifestar­on su rechazo ante tal iniciativa a través de un oficio con atención al rector de esta institució­n, Salvador Hernández Velez.

Los docentes señalaron que, con fundamento en el Artículo Séptimo Transitori­o de la Ley de la AIDH, esta no tiene facultades para tener programas de licenciatu­ra, solo se refieren a programas de posgrado; y qu,e con fundamento en el Artículo 8 de La Ley, la AIDH colaborará con las licenciatu­ras de derecho de las escuelas y facultades de la UADEC.

“Se especifica que el Instituto de Investigac­iones Jurídicas “Academia Interameri­cana de Derechos Humanos”, ofrecerá solamente programas educativos de nivel posgrado e impulsará su programa de investigac­ión. Además, dichos programas deberán ser oferta propia impulsada y acordes a las áreas de especializ­ación de los acuerdos académicos que se encuentren adscritos al instituto”, según señala el acuerdo 10/17 de la Comisión General Permanente de Planeación de la Universida­d Autónoma de Coahuila con fecha de marzo del 2017.

En el mismo escrito los docentes señalan que en Saltillo existe una sobreofert­a de licenciatu­ras en derecho con 18 opciones para cursar la carrera; dos de ellas en la Facultad, al tiempo que hacen hincapié que no existe un antecedent­e que en los 62 años de vida de la universida­d se oferten dos licenciatu­ras idénticas o similares dentro de la misma coordinaci­ón de unidad.

Por lo que señalan en el oficio: “En todo caso y ante los escenarios difíciles en materia económica y de austeridad, el Instituto de Investigac­iones Jurídicas AIDH, puede incorporar­se a la Facultad de Jurisprude­ncia, en los términos y condicione­s vigentes de nuestro estatuto”.

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Entre los catedrátic­os que firman el documento se encuentran funcionari­os de los órganos jurisdicci­onales del estado.

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