Coahuila: la violencia sexual en las escuelas es alarmante
De acuerdo con datos de la Fiscalía General de Coahuila, las denuncias por hechos de violencia sexual ocurridos en escuelas públicas de nuestra entidad han sido una constante en los últimos cinco años. Esto se refleja en el hecho de haberse iniciado 59 carpetas de investigación por presuntos delitos ocurridos en el periodo citado.
Vale la pena tener en cuenta que, como ocurre con diversos delitos, suele haber una “cifra negra”, es decir, un número de hechos que no son denunciados por las víctimas y, por ende no se investigan ni castigan. Pero incluso si solamente hubieran ocurrido los denunciados, de todas formas son demasiados.
Y son demasiados porque ocurren en lugares donde nuestros hijos debieran estar seguros, libres de cualquier posibilidad de ataques a su intimidad por parte del personal educativo o de sus propios compañeros. Por desgracia la estadística demuestra que esto no es así.
Resulta llamativo que, frente a la incidencia en el número de denuncias presentadas cada año, desde el 2019, no parece existir ninguna acción específica que busque atacar el fenómeno. Y es que mientras en 2019 la Fiscalía registró 18 denuncias por violencia sexual; en 2020 el número descendió a 9 y luego a tres en 2021, pero en 2022 volvió a crecer a 19; cayó a cinco en 2023, mismo número registrado en el primer trimestre de 2024, lo cual apunta, por desgracia, a una nueva tendencia alcista.
Del total de carpetas de investigación iniciadas, en 34 casos se investiga el delito de abuso sexual, en otras cinco el de violación y en los restantes 20 el de acoso. El desglose obliga a preguntar cómo pueden registrarse este tipo de conductas en los planteles educativos.
No se trata aquí, es necesario decirlo de manera enfática, de que las autoridades se comprometan a investigar y castigar las denuncias. Lo importante es tener claro que la incidencia de estos hechos, en las escuelas de nuestro Estado, tendría que ser igual a cero.
Ese es el compromiso que las autoridades −educativas y de procuración de justicia− tienen que asumir. Un solo caso es demasiado y el que se acumulen las denuncias retrata a nuestra comunidad como una donde resulta urgente corregir cosas.
En este sentido, el que Saltillo acumule casi la mitad de todos los casos del último lustro tendría que obligar a la integración de un equipo multidisciplinario, cuya misión sea diagnosticar con precisión lo que está ocurriendo y, a partir de ello, plantear una estrategia para atajar el fenómeno.
Se ha dicho en todos los tonos posibles, pero habrá que seguirlo repitiendo: los delitos de carácter sexual agravian de manera particular a la sociedad, pero cuando las víctimas son niñas, niños y adolescentes, el agravio es aún mayor y tendría que obligarnos a reaccionar sin fisuras ni ambigüedades.
El ataque a la intimidad de un menor, en un entorno en el cual debiera sentirse seguro, es un acto abominable que no debemos tolerar bajo ninguna circunstancia. La meta debe ser impedir que se sumen más víctimas a esta estadística oprobiosa.
Un solo caso de delito sexual cometido en contra de una niña, un niño o un adolescente, es demasiado. Acumular 59 en los últimos cinco años debería alarmarnos en extremo