Honrar a las personas defensoras del medio ambiente
La crisis climática trae consigo fuertes desafíos para los gobiernos de México y del mundo. Uno de los más grandes es la atención a la violencia que se ejerce, sobre todo en los últimos años, contra las personas y comunidades defensoras de los derechos ambientales, en un contexto donde la violencia no cesa, sino que recrudece con el paso del tiempo.
De acuerdo con el Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México, 2023, realizado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), durante el año citado, han ocurrido al menos 123 eventos de agresión, 282 agresiones diversas y 20 letales contra las personas que defienden el medio ambiente, la tierra y el territorio.
Jalisco encabeza la lista de ataques con 20 eventos, Oaxaca con 19 y Ciudad de México con 12.
Veinte personas defensoras de derechos humanos perdieron la vida a causa de su labor. Entre los sectores más letales para ejercer la defensa ambiental se encontró el hídrico con 8 asesinatos, el minero con 6, y el de biodiversidad con 2; los sectores industrial, forestal, vías de comunicación y contaminantes presentaron un asesinato cada uno.
Entre las formas no letales de agresiones, el informe destacó las amenazas, la intimidación, la agresión física, la criminalización — convertir las acciones de manifestación pacífica en conductas sujetas a sanciones penales— y el hostigamiento.
De acuerdo con el informe, el 57.7 por ciento de los casos de agresión fueron contra personas de pueblos indígenas, lo cual es sumamente preocupante ya que el grado de vulnerabilidad por simplemente habitar y cuidar de sus territorios es mucho más alto. Esto se interpretó como “racismo ambiental”, que da muestra de la discrimación estructural que viven estas comunidades, por parte de empresas y gobiernos.
En resumen, durante el 2023 la defensa ambiental frente a megaproyectos, obras, crimen e inversiones costó la vida de 20 personas por el simple hecho de defender la tierra, luchar por agua y alertar a su región.
El informe documentó que el gobierno, en sus tres niveles, fungió como agente perpetrador del 49.5 por ciento de las agresiones, la administración pública no sólo no cumple sus deberes constitucionales de protección y garantías de los derechos humanos, sino que es el causante de estos eventos.