Generación infame
Aristóteles Sandoval, asesinado el 18 de diciembre en un bar de Puerto Vallarta, es el epítome de la generación de gobernadores treintañeros que llegaron al poder después de la alternancia en Los Pinos, impuestos, en la mayoría de los casos, por sus predecesores. Los distinguió el afán excesivo de riquezas, la megalomanía, la frivolidad y la incompetencia. A sus gobiernos los marcó la corrupción, el endeudamiento, la violación de los derechos humanos y los vínculos con la delincuencia organizada. La muerte de Sandoval se atribuye al cártel Jalisco Nueva Generación.
El ascenso de esa camada fue por la vía rápida. El desempeño de quienes pasaron por el Congreso federal destacó por su grisura y ninguno sobresalió en cargos previos. A ese grupo pertenecen, además de Aristóteles Sandoval, Peña Nieto (Estado de México), Humberto y Rubén Moreira (Coahuila), Javier Duarte (Veracruz), Roberto Borge (Quintana Roo), César Duarte (Chihuahua), Rodrigo Medina (Nuevo León), Roberto Sandoval (Nayarit) y Miguel Alonso Reyes (Zacatecas), todos del PRI. El expresidente Peña es investigado por el caso Odebrecht.
Humberto Moreira ha sido acusado en Texas por supuestos vínculos con el cártel de los Zetas, lavado de dinero, organización criminal y otros delitos, de acuerdo con informaciones de El País, Chicago Tribune, Proceso, Telemundo, Aristegui Noticias y Animal Político. En enero de 2016 el exgobernador estuvo internado en el penal de Soto del Real de Madrid, España. Su liberación la facilitó Peña Nieto, según El País. En Coahuila existen denuncias (congeladas) contra el Gobierno de Rubén Moreira por el desvío de 475 millones de pesos a empresas fantasma, y la Fiscalía General de la República lo investiga por “gastos ilegales” por más de 400 millones de pesos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Reforma, 23.11.20).
Funcionarios y empresarios cercanos a Humberto Moreira, claves en la trama para triangular recursos “robados del erario de Coahuila” a bancos extranjeros y paraísos fiscales, han sido procesados en cortes de Texas. Javier Villarreal (exsecretario de Finanzas), Rolando González Treviño (dueño de estaciones de radio y televisión) y Luis Carlos Castillo Cervantes, el “Rey de los Dragones”, se declararon culpables de los delitos de lavado de dinero, pago de sobornos, fraude bancario y cohecho. Para ser liberados, entregaron al Gobierno de Estados Unidos decenas de millones de dólares en cuentas, propiedades y negocios. (Herminia Martínez de la Fuente, suegra de Moreira, cedió una residencia en San Antonio, la cual fue subastada en el equivalente a 10 millones de pesos.)
Villarreal y el exgobernador interino Jorge Torres López, extraditado el 29 de octubre de 2019 a Corpus Christi, Texas, esperan sentencia. Según una nota de la agencia Apro, Torres “etiquetado como uno de los más buscados por la DEA (…) fue utilizado por su antecesor Humberto Moreira para depositar fondos saqueados del erario estatal en paraísos fiscales y bancos de Texas. Documentos liberados por la Corte del Distrito de Texas sobre procesos judiciales contra Torres López y el exsecretario de Finanzas, Villarreal Hernández, señalan que ambos fueron cómplices de Moreira en la transferencia de unos 35 millones de dólares a Bermudas y bancos texanos”, dice la información de Patricia Dávila y Juan Alberto Cedillo.
Esta generación de gobernadores heredó a sus estados corrupción, deudas impagables, nepotismo, crisis institucional y déficit de servicios. Coahuila debe desde 2011 alrededor de 40 mil millones de pesos a la banca y ha dedicado más de 34 mil millones al pago de intereses.
Protegido por el Congreso y la Procuraduría General de Justicia, Moreira jamás rindió cuentas a nadie. Hoy mismo las denuncias por un paquete de créditos desviados, por 4 mil millones de pesos, duermen el sueño de los justos.