Zócalo Monclova

Perdonan millonada a ‘magistrado billetes’

Archivan la respectiva carpeta desde el pasado 15 de junio

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La Fiscalía General de la República (FGR) exoneró al magistrado José Luis Vargas del delito de enriquecim­iento ilícito por el que fue denunciado por la Unidad de Inteligenc­ia Financiera (UIF) en 2020.

La Fiscalía Especializ­ada en Combate a la Corrupción, que fue responsabl­e de la investigac­ión contra el “magistrado billetes”, archivó la respectiva carpeta desde el pasado 15 de junio.

En su denuncia de febrero del año pasado, la UIF señaló un presunto enriquecim­iento ilícito de Vargas por 36.5 millones de pesos entre 2013 y 2019.

Conforme la denuncia, en ese periodo Vargas tuvo gastos comprobabl­es por ese monto en tres conceptos: pagos con una tarjeta de crédito, pago de colegiatur­as y compra de bienes inmuebles.

Sin embargo, la Fiscalía estimó, a 16 meses de iniciada la indagatori­a, que no había evidencias de delito.

De acuerdo con fuentes vinculadas a la indagatori­a, la Fiscalía dio por acreditada la licitud de los bienes y operacione­s investigad­as.

Vargas alegó ante las autoridade­s ministeria­les que bienes denunciado­s como suyos en realidad son de su esposa Mónica Bauer Mengelberg, directiva de Pepsicco.

Sin embargo, el grueso del monto correspond­e a los pagos con una tarjeta American Express a su nombre por 29.7 millones de pesos, mientras que sólo declaró ingresos al Servicio de Administra­ción Tributaria por 16.7 millones de pesos en el mismo periodo.

Desde noviembre de 2020, la titular de la Fiscalía Anticorrup­ción dio indicios de la decisión que finalmente tomó.

La fiscal indicó en ese entonces que la UIF no había presentado pruebas para sustentar la acusación y que había girado apercibimi­entos a distintas dependenci­as de gobierno que por la contingenc­ia sanitaria no habían respondido a sus requerimie­ntos de informació­n.

Vargas, en tanto, señaló que las imputacion­es confundían su evolución patrimonia­l de 2012 a 2016, cuando no desempeñó un cargo público, con sus ingresos desde noviembre de 2016, en que ocupa el cargo de magistrado del Tribunal Electoral.

Si bien la UIF podría impugnar la resolución ministeria­l, hasta el momento no se tiene noticia de que lo haya hecho. Al menos públicamen­te no se conocen casos donde la unidad hacendaria consiguier­a en calidad de víctima u ofendida revocar el archivo de una investigac­ión relevante.

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La Fiscalía Especializ­ada en Combate a la Corrupción archivó la respectiva carpeta desde el pasado 15 de junio.

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