Declive económico y deterioro del bienestar
Después de muchos años en que México tuvo un crecimiento económico mediocre, insuficiente para erradicar la pobreza extrema y la desigualdad, a partir de 2019 inicia una etapa de franco retroceso que, con la emergencia sanitaria y la incompetente gestión gubernamental de la economía, agrava su incapacidad para crecer y mejorar el nivel de vida de la población. Esta situación se hará más crítica en los próximos meses y, muy posiblemente, será el origen de una mayor conflictividad social y del endurecimiento de las mismas políticas públicas del Gobierno Federal que la han provocado.
El crecimiento anual del PIB en 2019 cayó a tan solo el - 0.1 % y en 2020, ya con los efectos del confinamiento y paralización que produjo la COVID-19, el decrecimiento fue de -8.5 %. Lo preocupante es que este descalabro no es resultado de la pandemia en sí misma, sino de la forma en que se le hizo frente y de las medidas gubernamentales que crearon un escenario verdaderamente adverso a las posibilidades de un mayor dinamismo de la economía.
No obstante el optimismo del Gobierno Federal que pronosticaba un crecimiento para 2021 del 6.5 % del PIB, atribuyéndolo a un efecto de rebote de la economía después de la caída de 2020 y a la campaña de vacunación contra la pandemia, el Banco de México ajustó su estimación a una tasa del 5.4 % y muchos otros analistas calculan que cuando mucho el crecimiento será de un 5.0%.
Lo anterior significa que la reactivación
económica que se pretendió impulsar en 2021, después de los periodos más difíciles de la emergencia por la COVID -19, no logró concretarse. La economía del país, a pesar de las oportunidades de la reactivación global, se mantuvo rezagada. La inversión pública fue insuficiente y sin una estrategia consistente, comprometida en proyectos irrelevantes que responden más a criterios ideológicos que a un proyecto de desarrollo.
Además de lo anterior, con la lenta ejecución de los proyectos de infraestructura concertados por el Gobierno Federal con el sector privado -de 68 obras planeadas se han podido iniciar 26, solo quedan las remesas de los residentes mexicanos en los Estados Unidos y las exportaciones como bases para el crecimiento.
Para 2022, las expectativas que registra la encuesta que levanta mensualmente el Banco de México, coinciden en una proyección del crecimiento del PIB de 2.8 %, aunque otros especialistas lo estiman en 1.8 %.
Lo cierto es que el presente año será muy complicado para la economía.
Al negarse a otorgar estímulos fiscales a las pequeñas y medianas empresas en las fases criticas de la pandemia (como lo hicieron la mayor parte de los países), el propio Gobierno Federal adelantó un clima propicio para la inflación sin control que hoy padecemos: del 7.25 % en 2021 según los datos del INEGI. Y aunque es previsible que se reduzca el alza de precios, aún así seguirá siendo superior a la meta del 3.0 % que establece le Banco de México y un factor que perjudique seriamente el poder adquisitivo de las familias.
Y por si fuera poco, se espera también que la Reserva Federal de los Estados Unidos incremente las tasas de interés para controlar la inflación, lo cual implicará una reducción de las exportaciones, de nuevas inversiones y de crecimiento económico en México. O sea, la incapacidad para crecer seguirá siendo un gran problema.
Sin duda, la fuga de capitales que se registró en 2021 por 257 mil 601 millones de pesos (la mayor salida de fondos desde que se inicio el registro en 1991) es una llamada de atención sobre la compleja situación de la inflación, la emergencia sanitaria y la incertidumbre que provocan las decisiones del Gobierno Federal.
Es claro que sin crecimiento económico habrá un mayor deterioro del bienestar de la población, seguirán creciendo las cifra de la pobreza y desigualdades serán cada día más grandes. Y el malestar social provocará una mayor radicalización del populismo autoritario. Lamentablemente.
Con el respaldo ciudadano, es necesario que las fuerzas políticas opositoras en el Poder Legislativo impulsen una agenda para el crecimiento económico y el desarrollo social, cimentada en un Estado de Derecho, en el impulso a la productividad y en una mayor calidad de nuestras instituciones.