Ordenan abrir casos de EPN
El TEPJF ordenó a FGR entregar al INE información de cuatro casos de 2017 que tienen que ver con indagatorias en torno al ex presidente Peña
Los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral federal ordenaron ayer a la Fiscalía General de la República (FGR) entregar al Instituto Nacional Electoral (INE) la información que le solicite vinculada con indagatorias del caso Odebrecht y un posible financiamiento ilegal a la campaña del entonces candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto.
La sentencia fue aprobada por unanimidad a propuesta del magistrado ponente, el presidente Reyes Rodríguez, y avalada por Felipe de la Mata, Felipe Fuentes e Indalfer Infante.
En el dictamen se indica que, en materia de fiscalización, no es aplicable el secreto ministerial, como ha argumentado la Fiscalía al INE al negarle las copias de las indagatorias sobre el tema.
Por tercera ocasión en las últimas semanas, aunque por casos distintos, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal ordenaron a la FGR entregar al INE la información que le solicite vinculada con indagatorias de fiscalización.
Los magistrados ordenaron la apertura del secreto ministerial al resolver un juicio electoral promovido por el INE en contra de la negativa de la FGR de informar sobre el estado procesal de cuatro casos que datan de 2017, así como copias certificados de las carpetas de investigación relacionadas con las indagatorias del INE .
Aunque no se especificó en la sesión los expedientes sobre los que pide información el INE, más tarde la Sala Superior confirmó en un comunicado que se trata del caso Odebrecht ante quejas presentadas por Morena y el PRD.
Las quejas fueron en contra del PRI, PVEM, la empresa brasileña, la española OHL, el entonces candidato presidencial priista en 2012, Enrique Peña Nieto, y uno de sus operadores, Emilio Lozoya.
Los recursos denunciaron posible financiamiento ilegal, por parte de entes indebidos, a la campaña del priista.
El INE se ha enfrentado a una reiterada negativa de la FGR a entregarle información sobre sus indagatorias en marcha, argumentando secreto ministerial .
“Se propone revocar la negativa y ordenar la entrega de la información y documentación solicitada, ya que el secreto ministerial no es oponible a la facultad fiscalizadora del Instituto”, señala la sentencia aprobada.
“Pues (en) una interpretación conjunta de la normatividad aplicable se desprende el principio de colaboración entre las autoridades, la facultad fiscalizadora del Instituto y el deber de proteger la información y de utilizarla para los fines estrictamente necesarios”.
La Sala Superior, se establece en la resolución, sostuvo las mismas consideraciones al resolver los juicios electorales 262 y 263 de 2021.