El rompecabezas del Tren Maya
El decreto expropiatorio de predios e inmuebles en la Rivera Maya, anunciado ayer por el Gobierno de López Obrador, surgió apenas 48 horas después de una reunión efectuada el sábado en Cancún, donde autoridades federales ofrecieron a propietarios y desarrolladores de terrenos afectados analizar impugnaciones contra el proyecto, el cual busca ser desarrollado en una zona que por décadas ha despertado apetitos de políticos y traficantes de tierras.
Lo que fue convocado como un espacio de diálogo y negociación tuvo lugar en las oficinas de Fonatur del centro de Cancún, con la presencia del nuevo titular de esa dependencia, Javier May, y del subsecretario de Sedatu, Daniel Fajardo Ortiz. Por primera ocasión en la historia del sector, el encuentro se desarrolló bajo la adusta mirada de dos jefes militares. El Ejército es responsable del desarrollo de esta obra sobre 1,525 kilómetros, que incluyen
446 kilómetros junto al Caribe, en Quintana Roo.
Durante la reunión se acumularon objeciones sobre el tramo Solidaridad (Playa del Carmen)-tulum, que generará trastornos importantes sobre la actual carretera y afectará miles de hectáreas destinadas a nuevos desarrollos de vivienda y zonas hoteleras. Para evitarlo, bastaría, se dijo, desplazar el trazo un kilómetro hacia el poniente, en zona de jungla, como ya ocurrió en el trayecto entre Cancún y Puerto Morelos.
“¿Por qué hacen las cosas al revés?”, dijo uno de los afectados asistentes, para subrayar que el Tren Maya nunca contó con un proyecto ejecutivo que analizara su impacto social, ambiental y en infraestructura.
Tras los primeros 30 minutos de la reunión, May y Fajardo abandonaron la sede con el argumento de una cita con el gobernador Carlos Joaquín González y funcionarios locales. El Mandatario estatal fue alcalde de Solidaridad. El tra
mo aludido ha estado sujeto a invasiones y saqueos, que, según múltiples denuncias, habrían sido alentados incluso desde la propia Sedatu, en particular durante el Gobierno de Peña Nieto, en específico bajo la administración de Jorge Carlos Ramírez Marín.
Desarrolladores turísticos y propietarios de la región sostienen
negociaciones con el gobierno federal al menos desde septiembre pasado, con la inquietud central de que terrenos afectados no sean destinados finalmente al Tren Maya y caigan en manos de especuladores, políticos e incluso del crimen organizado, que no ha dejado de crecer en la zona. Este temor empantanó las negociaciones
para eventuales ventas y abrió el camino a la expropiación, que ha sido entendida como el rechazo a un nuevo cambio de ruta y el camino, en cambio, a una tormenta de amparos que pueden poner en vilo todo el proyecto.
El Tren Maya fue anunciado en abril de 2018 por Tatiana Clouthier, entonces coordinadora de la campaña de López Obrador. De manera inopinada, su planeación fue confiada a Fonatur y no a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (mismo caso de toda obra central del sexenio). La tarea llevada a cabo por el Fondo, a cargo de Rogelio Jiménez Pons, acumula ya cinco cambios de ruta y aumentos de costos, entre otros problemas. El funcionario fue cesado recientemente y relevado por May, exsecretario de Desarrollo Social, viejo amigo presidencial y cuyas cartas credenciales de eficacia son igualmente magras.
Reportes sucesivos han dado cuenta de los atropellos de autoridades de diverso rango, al menos durante los últimos 50 años, con el eje común de la usurpación de terrenos en la zona.
El decreto expropiatorio de ayer parece eslabonarse con otro igual de polémico, del pasado 22 de noviembre, que pretende obviar trámites y permisos para las obras gubernamentales declaradas de utilidad pública.