Una vez más, aclarar consejas sobre las conferencias de Bucareli
Alo largo de un siglo, una de las consejas que más se ha vendido y tomada por muchos como verdad eterna, es el tema de lo que según algunos ocurrió en torno a los que comúnmente se conoce como los Tratados de Bucareli firmados en 1923 por el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos con el de los Estados Unidos de América. Con toda certeza, usted, lector amable se preguntará y qué le picó a este fulano que así de la nada vuelve a un tema que no necesariamente está en la palestra. Permítanos comentarle que, durante unos días, cavilamos en torno a sí ocupábamos o no este espacio para hacer precisiones históricas. Al final, decidimos que no podíamos dejar pasar que, una vez más, se ofrezcan como ciertas leyendas negras y procedemos en consecuencia.
El pasado 27 de febrero, mientras realizábamos nuestra usual revisión de las publicaciones diarias que se editan en el país, encontramos el portal www.síntesistehuacan.com. En ese espacio, cuyo editor es el ciudadano Rogelio Martínez Huerta, se incorporan cuando, acorde con su criterio, nuestros escritos aparecidos originalmente en Zócalo resultan interesantes. Pero en este caso no habremos de referirnos a eso, sino a un artículo que, el 27 de febrero pasado, apareció ahí con el titulo de “Centenario de los Tratados de Bucareli” bajo la firma del ciudadano Antonio Tenorio Adame. Ante ello, no pudimos sustraernos a dar un repaso por el texto.
El autor de la pieza la inicia señalando que “La Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística abordó su revisión desde los convenios binacionales. A cien años de la firma de los Tratados de Bucareli, los que sellaron la subordinación de la soberanía nacional por los Estados Unidos”. Aquí nos nace la primera pregunta, ¿Si la Sociedad mencionada, cuyo prestigio es innegable, realizó una revisión sobre el tema por qué no empezó dicho análisis a partir de los nombres oficiales que son la Convención Especial de Reclamaciones y la Convención General de Reclamaciones o, en inglés, “Special Claims Convention” y “General Claims Convention”? Asimismo, preguntaríamos: ¿El autor de la pieza en comento leyó cuidadosamente el texto de ambos documentos como para afirmar que la soberanía del país se sometió a la del vecino?
Acto seguido, se nos indica que “Los Tratados de Bucareli se firmaron el 13 de agosto de 1923 por Álvaro Obregón y Calvin Coolidge, presidentes de México y Estados Unidos con la pretensión de promover la amistad y cooperación” Con su permiso, pero la cita es totalmente errónea. Las negociaciones de las Conferencias de Bucareli se efectuaron entre el 14 de mayo y el 15 de agosto de 1923. Finalmente, el 31 de agosto, se anuncia que se llegó a un acuerdo al amparo del cual se generaron los Convenios Especial y General de Reclamaciones. En México, se dieron a conocer a las 10:24 de la mañana y en Washington a las12 horas. El Convenio Especial fue firmado, en la Ciudad de México, el 10 de septiembre de 1923. Y, en esencia, México adquiría el compromiso de resarcir los daños que los ciudadanos estadounidenses hubieran sufrido en sus personas o pertenencias durante el periodo comprendido entre el 20 de noviembre de 1910 y el 31 de mayo de 1920. Por otra parte, el Convenio General, se había firmado en Washington el 8 de septiembre de 1923. Mediante ello, los gobiernos se comprometían a atender las reclamaciones que ciudadanos de ambos países realizaran a partir de la firma, el 4 de julio de 1868, de la firma de la Convención de Reclamaciones. En este caso, se excluía lo considerado en el Convenio Especial.
En igual forma, en la pieza que revisamos, se afirma que “Obregón quería el reconocimiento oficial de la Casa Blanca a su gobierno, con el objetivo geoestratégico de evitar el comercio de armas a sus enemigos”. Al respecto, invitamos al autor del escrito para que revise la correspondencia diplomática que se generó entre los gobiernos de México y los EUA durante el periodo comprendido de 1921 a 1923. Ahí, encontrará los motivos reales que el presidente Obregón Salido tenía para buscar el reconocimiento de su contraparte estadounidense y verá que el asunto de las armas no era el principal, existían otros de trascendencia mayor.
A continuación, el autor del artículo publicado en www.síntesistehuacan.com afirma que: “El costo a la nación fue la subordinación del proyecto originario del diseño del Estado social revolucionario bajo condiciones de privilegios a los inversionistas de los Estados Unidos, en especial, el petróleo”. Entendemos que al rubricante de la pieza le gane su filia política, y busque pintar como apátrida a uno de los cuatro responsables de la creación del Estado Mexicano Moderno cuyo diseño fue obra del estadista Venustiano Carranza Garza; el proceso de desbroce del terreno corrió a cargo del presidente Adolfo De La Huerta Marcor; el presidente Obregón Salido sentó los cimientos; y, el estadista Plutarco Elías Calles Campuzano construyó el edificio en donde se albergaban cuáles eran y como habrían de darse respuesta a los ideales sociales que originaron la Revolución Mexicana, las distorsiones que se dieron después no fueron responsabilidad de ninguno de estos cuatro quienes actuaron bajo los principios del nacionalismo pragmático alejado de trasnochamientos. Y, en cuanto a que el presidente Obregón entregó el petróleo a los estadounidenses, vamos a darnos una zambullida en esos asuntos.
Lo que el presidente Obregón Salido hizo fue comportarse dentro de los cánones del nacionalismo pragmático. Reconoció cuales eran nuestras fortalezas y debilidades, además de actuar conforme a derecho y respetar la protección que las leyes mexicanas daban a los productores petroleros estadounidenses. Aunado a ello, reconoció que no hacerlo hubiera sido estúpido, el petróleo era la principal fuente generadora de ingresos para el gobierno mexicano, además de los efectos multiplicadores que la actividad tenía en la economía mexicana. Así que, para continuar el proceso de construcción del Estado Moderno Mexicano debería de aceptar la realidad. Sí por ese hecho califica al presidente Obregón Salido de entreguista al capital estadounidense, nos gustaría preguntarle al autor del artículo mencionado líneas arriba: ¿Qué calificativo le adjudicaría, o como justifica, a quien, ante la cerrazón de los mercados internacionales, se puso a abastecer de crudo a un par de naciones, una dirigida por la bestia austriaca, la otra por el duce italiano? ¿En verdad, el vendedor desconocía las atrocidades que cometían este par o pudo más el pragmatismo que consideraciones humanitarias? Y ya entrados en cuestionamientos, ¿Cuál sería la opinión que le merece quien por un lado clamaba el nacionalismo a ultranza y por el otro uno de sus subordinados emitía un decreto para concesionar cien mil hectáreas de terreno para que empresas con capital japonés mayoritario realizaran exploraciones petroleras? Respecto a la pregunta última, permítanos hacer precisiones.
El aludido es el presidente Lázaro Cárdenas Del Río. Este mismo personaje, en marzo de 1939, envió al presidente de la compañía La Laguna, el Dr. Kisso Tzuru, un proyecto de acuerdo para construir un oleoducto a través del Istmo de Tehuantepec, el cual operaría mediante una inversión conjunta a través de la creación de una empresa que dirigiría el general Francisco José Mujica Velázquez. Esa empresa y otra la
Compañía Petrolera La Veracruzana, se nutrían de capital japones suministrado por Oji Paper Manufacturing Company of Tokio, presidida por G. Fujihara. Desde el 18 de marzo de 1938, los únicos dos permisos otorgados para explotar pozos petroleros fueron a favor de La Veracruzana. Ante eso, nos nace una pregunta: ¿Acaso no era el nacionalismo a ultranza lo que predominaba en el discurso oficial de aquellos años o es que los extranjeros malos estaban al norte del Bravo y los buenos del otro lado del Pacífico? Pero, eso no era todo.
El 20 de octubre de 1940, el presidente Cárdenas Del Río recibió la visita del embajador estadounidense, Josephus Daniels, quien, con cara de “’me’, no entender”, llegó ante don Lázaro y le mostró las páginas 2 y 3 de un ejemplar del Diario Oficial publicado el lunes 14 de octubre anterior. Al lado izquierdo en la mitad de la hoja 2, se leía: “Contrato de exploración y explotación petroleras, que celebran por una parte el C. Subsecretario de Economía Nacional, que en lo sucesivo se designara como ‘el Gobierno’, y por la otra la Compañía Petrolera Veracruzana, S.A., que en lo sucesivo se designara como la ‘contratista.’” A continuación, aparecía, en la Cláusula Primera: “La contratista se obliga a desarrollar trabajos de exploración geológica y geofísica técnicamente organizados en una superficie de 100,000.00 Hs (cien mil hectáreas) de terrenos de Reservas Petroleras Nacionales, ubicados en los municipios de Misantla y Jalapa en el Estado de Veracruz”. En esa área habrían de realizar trabajos de exploración e identificación de terrenos para lo cual, conforme a la cláusula Cuarta “dispondrá de un plazo de cinco años contados de la fecha de este. La Sexta condicionante mencionaba que, a cambio de cumplir con las obligaciones, el Gobierno le concede el derecho de perforar y explotar pozos petroleros…por un plazo de veinte años a contar de la fecha en que termine el plazo señalado para exploración”. Lo anterior, se fundaba en “…la obediencia a lo mandado en el acuerdo presidencial a la Secretaría de Economía Nacional…del 4 de mayo de 1937, registro número 526…. El contrato lo firmaban el subsecretario de economía, Modesto C. Rolland y por la empresa Enrique Malanche Torres quien fuera secretario del presidente Emilio Portes Gil.
Con los dedos atrapados en la puerta, el presidente Cárdenas, pleno de candor, no le quedó sino clamar desconocimiento de aquello que su empleado había signado y terminó por recurrir a machincuepas legales para anular el decreto y sacrificar al subsecretario Rolland. Sí el presidente Obregón Salido era un vendepatria por acatar la ley ¿Cómo llamar al presidente Cárdenas Del Río quien ofertaba un discurso nacionalista y por otro entregaba territorio a empresas japonesas, pragmático sería un buen calificativo o existe otro más preciso? Pero retomemos el artículo publicado en www.sintesistehuacan.com el 27 de febrero pasado.
En otro apartado del escrito en cuestión, se recurre al argumento que “el consenso social de sus restricciones se tejió en torno a la aceptación de México a no desarrollar durante cincuenta años su industria pesada, o sea aquella capaz de generar un desarrollo industrial ligero de bienes y servicios”. Esto vende mucho para las galerías, pero, durante un siglo, nadie ha sido capaz de mostrar una prueba documental de ello, lo cual no impide que uno tras otro lo repitan pues no quieren lucir como disidentes de la narrativa.
En otro apartado del escrito periodístico, se indica que “las negociaciones entre las delegaciones de ambas naciones carecieron de la legalidad diplomática por estar integradas por representantes personales de los presidentes; a más desde la perspectiva de las negociaciones, estas fueron parcialmente secretas y sus resultados no fueron ratificados por el Senado, ya que el texto aprobado por el Congreso se presentó como un documento definitivo que no admitía enmiendas”. Empecemos por mencionar que este asunto no fue Tratado alguno, como su nombre lo indica, se trató de Convenciones. Lo de que se desarrollaron en forma casi secreta, por favor, todos sabían que se realizaban y en el Restaurant Son-sin, uno de los representantes mexicanos, Ramon Ross Velderrain era ampliamente conocido por hacer de sus adoraciones al dios Baco todo un espectáculo. Lo de la ratificación por el Senado requiere un comentario preciso.
Durante el mes de diciembre, se debatió en el Senado mexicano la aprobación o no del Convenio Especial. Las discusiones fueron candentes, partidarios y contrarios exponían su punto de vista con pasión sin igual. Finalmente, el 27 de diciembre, se realiza la votación aprobándose por 42 a favor y seis en contra. Respecto al Convenio General no pudieron establecer arreglo alguno. Sería el 3 de enero de 1924, cuando se llama a Sesión Extraordinaria del Senado para tratar el tema, reuniones que iniciarían el 14 de enero con los ánimos muy contrariados.
Ni quien vaya a poner en duda que las diferencias se habían agudizado para entonces. Lo que nadie quiere mencionar que a eso había contribuido, en mucho, que los partidarios de la rebelión delahuertista, entre quienes se encontraban opositores a la aprobación de los Convenios, habían cometido una salvajada al asesinar, el 3 de enero de 1924, al gobernador de Yucatán, Felipe Carrillo Puerto y a varios más. Ante eso, un impresentable como lo era, Luis Napoleón Morones Negrete prometió que por cada uno de los de su grupo político que cayera, habrían de cobrárselo con la vida de alguno de los contrarios y, en ese contexto, se cometió otra aberración al matar al senador por Campeche, Francisco Field Jurado. Y eso, a partir de entonces, se dijo que dicha barbaridad era por su oposición a la firma de los Convenios.
En lo concerniente a la rebelión delahuertista, nada tuvo que ver con la firma o no de los Convenios, ese es un cuento que inventó, al final de sus días, el propio expresidente Adolfo De La Huerta Marcor cuando dictó sus memorias a Roberto Guzmán Huerta. Ni en su carta de renuncia, ni en el Plan de Veracruz se hace mención alguna a su oposición a la firma de los Convenios, es más él fue quien salvó las negociaciones cuando Ross las puso en peligro en medio de sus exabruptos etílicos, pero volvamos a los Convenios.