Zócalo Monclova

Fracasa la FGR en el caso OHL

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Un juez federal echó abajo el caso del Viaducto Bicentenar­io, por el que la Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que se causó un daño al erario de 8 mil 403 millones 242 mil 312 pesos.

Daniel Ramírez Peña, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, dictó la no vinculació­n a proceso a los siete acusados, entre ellos ejecutivos a Ohl-aleatica, y ordenó a la FGR cancelar en forma definitiva esta investigac­ión porque no existen elementos de delito.

Si bien reconoce que no existe una concesión federal para el Viaducto Bicentenar­io, el juzgador concluyó que la Secretaría de Infraestru­ctura y Comunicaci­ones y Transporte­s (SICT) reconoció en un oficio del 29 de junio de 2023 que sí otorgó en 1983 al Gobierno del Estado de México el derecho para explotar el tramo carretero que luego éste concesionó a Ohl-aleatica.

También aceptó que, por el hecho de que ninguna autoridad judicial ha decretado su nulidad, tiene vigencia el convenio que suscribió el 1 de octubre de 2020 la SICT con el Gobierno del Edomex, en el que la primera convalida la legalidad de la concesión de las autoridade­s estatales a la empresa que construyó la obra vial.

“Hay un título de concesión, hay un convenio que convalida una concesión no autorizada por la autoridad federal. ¿Sorprenden­te?

Quizá fueron irregulare­s, quizá estuvieron confabulad­os, a lo mejor es cierto, pero no puedo decir eso porque debo respetar el principio de presunción de inocencia”.

Daniel Ramírez Peña, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez.

¡Claro que es sorprenden­te! Pero no deja de tener alcance jurídico el convenio”, expuso el juez.

“Quizá fueron irregulare­s, quizá estuvieron confabulad­os, a lo mejor es cierto, pero no puedo decir eso porque debo respetar el principio de presunción de inocencia”.

La FGR en buena medida propició este revés judicial debido a que fue la responsabl­e de ofrecer los datos de prueba en las que se basó la no vinculació­n a proceso. Es decir, fue la FGR la que agregó a la carpeta de investigac­ión tanto el oficio de 2023 como el convenio de 2020.

Por lo anterior, el juez concluyó que no existen datos de prueba para acreditar los delitos de asociación delictuosa y explotació­n de un bien de la Nación en contra de Rubén Gerardo López Barrera, director general de Aleática; José Andrés de Oteyza Fernández y Sergio Hidalgo Monroy Portillo, ex presidente del Consejo de Administra­ción y ex director General de OHL, respectiva­mente, entre otros.

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▮ La FGR en buena medida propició este revés judicial debido a que fue la responsabl­e de ofrecer los datos de prueba en las que se basó la no vinculació­n a proceso.

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