Rosario, presa
“No hay ninguna venganza. Nosotros no hacemos eso. Es inmoral, es indigno. De parte del Ejecutivo, no hay persecución a nadie”.
Andrés Manuel López Obrador
Al hablar del tema de Rosario Robles, hay que entender que está encarcelada antes de haber sido juzgada. En el delito del que se le acusa la ley le da el derecho de enfrentar el proceso en libertad.
No se le acusa de un crimen violento, ni de haberse apropiado de recursos de manera ilícita, sino de haber sido omisa en supervisar el gasto que hacían no las dependencias a su cargo sino unas universidades públicas sobre las que no tenía control.
El grupo en el poder, sin embargo, no le perdona que fue pareja de Carlos Ahumada Kurtz, quien difundió en 2004 los videos de René Bejarano y Carlos Ímaz recibiendo dinero en efectivo.
En varias ocasiones los jueces le han decretado a Rosario prisión preventiva “justificada”.
Esto significa que, aunque no lo determine de oficio la ley, se justifica mantenerla en la cárcel antes de ser sentenciada.
Un juez determinó el 20 de octubre que esto sigue vigente porque “representa un riesgo de fuga”. Ella respondió que quiere enfrentar su juicio en prisión domiciliaria, no porque quiera salir a restaurantes de lujo, en referencia a Emilio Lozoya, sino por razones de salud. El juez se negó de cualquier forma a darle la libertad que la ley le otorga.
Es absurdo pretender que Robles Berlanga representa un riesgo de fuga mientras que Lozoya no. Ella se encontraba fuera del país cuando fue citada ante el juez, pero regresó con la idea, tan repetida por el Presidente, de que en México quien nada debe nada teme.
Su encarcelamiento por un delito que no requiere prisión preventiva oficiosa demostró que sí debía temer. En contraste, Lozoya, que huyó y tuvo que ser traído a México, enfrenta su proceso en libertad.
Rosario es la única persona en la cárcel por la Estafa Maestra. Es probable que tenga responsabilidad en el desvío de 7 mil 670 millones de pesos de este esquema en el que el Gobierno federal entregaba recursos a universidades públicas, que a su vez lo daban a empresas fantasma; pero no se le está acusando de haber planeado o ejecutado el esquema, sino de haber sido omisa en el seguimiento y en el reporte a su superior, el presidente Enrique Peña Nieto; ella dice que sí le informó, pero de forma verbal.
Ni su excolaborador Emilio Zebadúa, que presuntamente montó el esquema ni los rectores o funcionarios de las universidades públicas que entregaron el dinero, ni quienes se quedaron con él, están en la cárcel.
Es muy importante castigar los desvíos de la Estafa Maestra, un fraude a la nación en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, del que advirtió la Auditoría Superior de la Federación y cuyos detalles reveló una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, organización que el presidente López Obrador hoy quiere eliminar.
También deben tomarse medidas para acabar con estos abusos en el futuro. Uno de los factores que hizo posible la Estafa Maestra es una ley que permite al gobierno evitar las licitaciones públicas si otorga contratos por adjudicación directa a universidades públicas. Es inaceptable, pero no creo que cambie: el Gobierno de López Obrador es tan proclives a las adjudicaciones directas como sus predecesores.
Hay que exigir justicia en la Estafa Maestra, pero encarcelar solamente a una mujer por haber sido omisa no es hacer justicia. Todo indica más bien que Rosario está en la cárcel simplemente por ser incómoda para el grupo en el poder.
Mineros
Los jueces determinaron que el sindicato minero de Napoleón Gómez Urrutia, tenía derecho a tomar los 54 millones de dólares de un fideicomiso creado por Grupo México, pero no a quedarse con ellos. La Junta Especial 10 de Conciliación y Arbitraje, ratificó la decisión de que el sindicato debe repartir el dinero “a todos y cada uno de los actores”. ¿ Cumplirá?