La auditoría que revela el oscuro negocio del carbón en Coahuila
El pasado 11 de octubre concluyó un atípico informe presentado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a propósito de la adquisición de carbón mineral para las centrales José López Portillo y Carbón II, ubicadas en Nava, Coahuila, por parte de CFE Generación IV.
Nadie supo de su existencia, sin embargo se trata de la Auditoría de Cumplimiento 20216-90UIC-19-0061-2022, perdida entre un cúmulo de revisiones a distintos entes públicos de los tres órdenes de Gobierno, la cual comprende una muestra de 958 millones de pesos entre dos mil 256 millones en pagos realizados hasta el 31 de diciembre de 2021, correspondientes a 13 de 74 contratos por carbón. Un 42% del universo total.
Cabe señalar que los referidos contratos seleccionados eran multianuales; así, de los 958 millones de pesos, 75.9 atañen al ejercicio fiscal 2020, otros 582.3 al 2021, y 299.9 al 2022.
Entre las principales observaciones de la Auditoría destaca que CFE no tiene un método efectivo para garantizar que las cantidades de carbón recibidas concuerden con las señaladas en los contratos.
Ni lo más básico, pues.
“Con el fin de que no existan dudas en la administración, supervisión y seguimiento, y permitan la transparencia y la fiscalización de la operación”, dice el documento.
Dicho de otra manera: están deliberadamente en pañales. O peor aún: existen todo tipo de dudas administrativas y opacidad.
A petición de la ASF, tampoco hizo lo necesario la CFE para que, a futuro, los proveedores tengan la capacidad de transporte, y cumplan en tiempo y forma con los programas de entrega de carbón establecidos en los contratos.
Actualmente dicen poseer el carbón, pero no tienen en qué acarrearlo. No cuentan con la capacidad de transporte para la entrega, cuando la obligación firmada supone que sí. Por el contrario: imponen las condiciones y reprograman las entregas.
“Con documentación de soporte, se constató que aún cuando los contratos se formalizaron en mayo de 2021, el proveedor formalizó contratos de servicio de transporte de octubre a diciembre de 2021 (medio año después)”. No prevén. Y pretextan casos fortuitos y de fuerza mayor para no entregar en tiempo y forma.
Otro vicio detectado por la auditoría modalidad presencial: formalizan los contratos, y días después modifican las condiciones afectando los plazos. En detrimento de la CFE, por supuesto.
“De siete contratos revisados por 800 millones de pesos, no se contempló que ofertantes garantizaran la capacidad del transporte para realizar la entrega del carbón, lo cual se vio reflejado en retrasos y reprogramación de fechas”.
En resumen: la cadena de suministro es un desastre. Se sabía, aunque no por escrito y de forma oficial.
Y finalmente, el monopolio. Coal de Sabinas, El Volcán Consorcio RC, Minerales Amarani, y Minerales Don Chilo, fueron las principales razones sociales favorecidas de 2020 a 2022. No sólo “hay relación y comunicación entre ellas”, sino que las primeras tres, por ejemplo, cuentan con el mismo domicilio fiscal, comparten empleados y existe parentesco entre sus dueños.
Es el multicitado negocio de los hermanos Flores Guerra, Antonio y Tania, ella Alcaldesa de Múzquiz por Morena, y él operador financiero del “Acapulco” Berdeja.
Y el cinismo: “en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Director General de CFE Generación IV proporcionó la documentación siguiente: una nota informativa del 5 de septiembre de 2022 emitida por el Departamento Jurídico de CFE Generación IV, en la cual informó que considera que la probable relación que pueda existir entre potenciales proveedores en contrataciones por medio de adjudicaciones directas no guarda relación alguna con la libre competencia que se genera entre oferentes”.
Es decir, no hay problema. Legalizan las irregularidades.
“Los contratos de adquisiciones de carbón mineral para las C.T. Carbón II y José López Portillo fueron por adjudicación directa, por lo que no existe la libre competencia entre oferentes. En estos casos la empresa convocante realiza la adjudicación directa, imponiendo unilateralmente las condiciones contractuales que habrán de regir la relación jurídica a las que se sujetan los proveedores sin posibilidades de negociar sus alcances”.
En otras palabras: al fijarse un precio máximo de 910 pesos por tonelada, mientras cualquier contratista lo acepte, el resto no importa. Textualmente lo dicen: “el que exista relación y comunicación entre proveedores no tiene ninguna incidencia en las contrataciones por adjudicación directa”.
Cortita y al pie
Posterior a la auditoría, vía un ex empleado que funge como testaferro, ‘Tony’ Flores obtuvo otros 985 millones de pesos por carbón a finales de diciembre pasado, adicionales a los casi dos mil millones obtenidos de 2020 a 2022 y publicados diversas ocasiones en este mismo espacio.
La última y nos vamos
Y ésta es la empresa productiva del estado en que fincan la política energética del país, misma que depende, a su vez, de la salud mental de Manuel Bartlett (a un mes de cumplir 87 años).
La radiografía completa de la cuarta transformación.