La elección impugnada
iguel Riquelme no será para Manolo Jimémnez
el lastre que Humberto y Rubén Moreira fueron para él. La megadeuda, los escándalos de corrupción, la soberbia y los enfrentamientos del clan con líderes de oposición, jerarcas de la Iglesia y otras voces críticas casi le cuestan la Gubernatura. Riquelme recibió la constancia de mayoría el 11 de junio de 2017 entre protestas y acusaciones de fraude. Incluso varios consejeros del Instituto Electoral de Coahuila le dieron la espalda. La posibilidad de anular las elecciones colocó al estado en un escenario inédito. Los seis meses siguientes estuvieron marcados por la tensión y la zozobra.
Riquelme parecía condenado a ser el primer candidato del PRI en perder la Gubernatura. El caso dividió al Instituto Nacional Electoral (INE), pues en una competencia tan cerrada, donde el margen entre el primero y el segundo lugar (Guillermo Anaya) era del 2.5%, el rebase del tope de gastos de campaña parecía haber incidido en el resultado final. La consejera Pamela San Román, quien observó el proceso, declaró en la sesión del INE del 14 de junio: «Estamos ante una denuncia presentada por el Partido Acción Nacional contra la coalición que postuló al candidato Miguel Riquelme (...) relacionada con un gasto que desplegó (...) a lo largo de la campaña electoral».
El PAN presionó por la anulación. «No vamos a permitir que este robo se consume. Lo vamos a llevar hasta la última instancia. Vamos a ganar, se va a anular la elección y eso permitirá que haya elecciones limpias», declaró el líder panista Ricardo Anaya. En un mitin en la Plaza Mayor de Torreón, realizado el mismo día que Riquelme recibió la constancia de mayoría, Anaya denunció: «Los Moreira no quieren dejar el poder, no quieren que hagamos justicia, pero lo vamos a lograr. (...) Estamos apoyando una causa justa, la causa de la gente de Coahuila, (...) la causa del triunfo de Guillermo Anaya, la causa de la democracia (...). En Coahuila hubo fraude».
Cuatro días después, el presidente de Acción Nacional acudió a la sede del Instituto Electoral de Coahuila, en Saltillo, para demandar formalmente la revocación. «Presentamos en este juicio (...) más de 200 pruebas en las que queda plenamente demostrado el fraude y las irregularidades cometidas. Lo que exigimos es lo que por ley corresponde: que se anule la elección y que se repitan las elecciones (...) para que se respete la voluntad de los ciudadanos». Los candidatos opositores Armando Guadiana (Morena), Javier Guerrero y Luis Horacio Salinas (independientes) acompañaron a Anaya. El caso se llevó incluso a la OEA.
Ricardo Anaya acababa de ganarle al PRI siete gubernaturas y ya se perfilaba como candidato presidencial. Los coahuilenses castigaron en las urnas los abusos del «moreirato» (deuda pública, empresas fantasma, masacres y desapariciones) y pusieron a Riquelme contra la pared. El alma le volvió al cuerpo al lagunero el 24 de noviembre, seis días antes de rendir protesta, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial validó el proceso. «Para que se determine la declaración de nulidad de una elección, las pruebas presentadas deben acreditar, más allá de cualquier duda, la existencia de irregularidades graves, generalizadas y que hubieran tenido un impacto real y tangible en el resultado de los comicios. (...) El Tribunal Electoral (...) juzga (...) con base en razones de derecho (...) no con base en juicios mediáticos, expectativas de las partes o presiones de algún tipo», advirtió el organismo en un comunicado.