La ministra sentada
Reducir la autonomía e independencia del poder judicial a un desplante, lo demerita y disminuye. Urgidos de liderazgos creíbles y capaces de plantar cara al presidente Andrés Manuel López Obrador, las oposiciones y los organismos contrarios a la 4T creen tener una nueva aliada en Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, primera mujer en ostentar el cargo. La ministra tuvo sus 15 minutos de fama en la ceremonia para conmemorar el 106 aniversario de la publicación de la carta magna, al no ponerse de pie cuando AMLO ocupó su lugar en el presídium.
Ante la andanada lanzada desde Palacio Nacional contra jueces y ministros, Piña replicó: «La independencia judicial no es privilegio de los jueces, es el principio que garantiza una adecuada impartición de justicia para hacer efectivas las libertades y la igualdad de los mexicanos. La independencia judicial es la principal garantía de imparcialidad del poder judicial, siempre en beneficio de la sociedad». Piña no era la favorita de AMLO para encabezar la Corte. El Presidente apoyaba a Arturo Saldívar para continuar al frente del máximo tribunal constitucional hasta 2024 y emprender la reforma necesaria en el poder judicial.
La separación de poderes, propia de las democracias representativas, busca evitar el abuso y la concentración de facultades en un solo individuo. Sin embargo, en México ese principio ha sido una simulación la mayoría de las veces, tanto a escala federal como local. El predominio del Ejecutivo sobre los poderes judicial y legislativo es fuente de injusticias y arbitrariedades contra la mayoría, así como de privilegios e impunidad para quienes tienen el poder político y económico, incluidos los grupos de presión y las empresas multinacionales.
La elección de ministros en el Senado, a propuesta del Presidente de turno, les impone un sesgo político e ideológico —liberal o conservador, según el caso—, como sucede en los países con el mismo método de selección (Estados Unidos, Colombia y otros). Siete de los jueces de la Corte fueron nominados por los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña, entre los cuales figura Norma Piña, y cuatro por López Obrador. Las acusaciones de AMLO contra el poder judicial también están dirigidas a sus predecesores y a los senadores del PAN y el PRI.
López Obrador pugna por una reforma al poder judicial, pues «hay muchos vicios, hay corrupción, hay nepotismo, en jueces, magistrados, en ministros» de lo cual, asegura, «hay constancia». No es la primera vez que el tema ocupa la atención presidencial. En su toma de posesión, Ernesto Zedillo ofreció emprender «una honda y genuina reforma de las instituciones encargadas de la procuración de la justicia (pues) es en ellas donde la incompetencia, la corrupción y la ruptura institucional son más frecuentes y de mayor daño para la seguridad de las personas». La reforma constitucional de 1994 inició la transformación del sistema de justicia con una medida radical: jubiló a los 26 ministros de la Corte, los sustituyó por 11 —nombrados por el Senado— y acortó su periodo a 15 años. Antes eran inamovibles.
Sin embargo, en poco tiempo la Corte volvió a acumular vicios y a estar sometida a nombramientos políticos y a la influencia presidencial. En el texto «Corrupción judicial e impunidad», Miguel Carbonell, investigador del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, advierte: «La peor consecuencia de la corrupción judicial en México consiste en los altos niveles de impunidad (...), la impunidad significa, sencillamente, que los delitos cometidos no son sancionados por una u otra causa. En buena medida, la impunidad es generada y amparada por la corrupción de los distintos agentes involucrados en el sistema judicial (...)».
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas de 2001 —levantada siete años después de la reforma zedillista—, la cual cita Carbonell, únicamente el 6% de los 60 mil ciudadanos entrevistados dijo tenerle «mucha confianza» a la Corte. Para el 67%, el tribunal es «algo» o «nada» confiable. De cara a la galería, la ministra Piña puede seguir sentada, mas no cruzarse de brazos frente a una realidad acuciante: en México la impunidad es del 99% y las condenas judiciales solo alcanzan 1.06 por ciento.