Un Poder Judicial bajo asedio
“No existe tiranía peor que la ejercida a la sombra de las leyes y con apariencias de justicia”.
Montesquieu.
Cada Presidente de México una vez que se sienta en la silla del águila dicta las políticas públicas que ha de emprender durante su estadía en el poder. Estas políticas públicas se pueden traducir en diferentes acciones como lo son el combate a la corrupción, el combate contra la pobreza o el combate a la delincuencia organizada, entre otras tantas.
Hoy en día, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha decidido emprender un combate directo y frontal, pero en esta ocasión, un combate en contra de nuestro Poder Judicial. ¿La causa? El juez de Distrito Juan Pablo Gómez Fierro concedió la suspensión provisional dentro del juicio de amparo 118/2021 y su acumulado 120/2021 promovido en contra del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica.
¿Qué implica la contrarreforma de la Ley de la Industria Eléctrica? Una notable modificación a la manera en la que opera el sector eléctrico en nuestro país, situación que trae aparejada un menoscabo en la competencia y libre concurrencia del mercado que nos afecta a los usuarios finales del suministro de energía.
A su vez, implica un desplazamiento de las fuentes de energías limpias y el incumplimiento de compromisos internacionales celebrados por el Estado Mexicano como lo son la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Protocolo de Kyoto y el Acuerdo de París.
Ante tal situación, el juez de Distrito Juan Pablo Gómez Fierro determinó, en el ejercicio de sus funciones que le confiere la Constitución Federal, que todo lo anterior puede llegar a afectar los derechos fundamentales desde una dimensión colectiva y por tal razón concedió la suspensión provisional en contra de dicha reforma. La pregunta obligada es: ¿en qué momento hubo una indebida actuación por parte del juez de Distrito al conceder la suspensión provisional?
Totalmente fuera de lugar las lamentables e infundadas amenazas del Presidente. Estas implican un atentado en contra de la división de poderes en nuestro país y un intento de intimidación en contra de un juez constitucional que actuó con apego a la legalidad, cumpliendo con su obligación de salvaguardar los derechos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos celebrados por el Estado mexicano. Que vivan nuestras instituciones democráticas, que viva la autonomía del Poder Judicial y que viva el estado de derecho.